Lo hizo al alegar un supuesto estado de "indefensión y privación de Justicia" frente a las complicaciones para la integración del tribunal que debe resolver la cuestión de fondo. Con esa jugada, el monopolio hizo inaugurar la figura del "per saltum" -aunque de manera heterodoxa porque lo que usa es la figura de avocación-, según la reglamentación que aprobó el Congreso la semana pasada. En esa reglamentación se aclara que puede pedirse el "per saltum" -la intervención de la Corte saltando tribunales intermedios- en causas que aún no tienen sentencia. Ése es el caso del amparo presentado por el grupo contra la aplicación del artículo 161° de la ley de medios que obliga a los oligopolios a desinvertir, es decir, a deshacerse de aquellas señales audiovisuales que exceden las limitaciones de la norma.

La presentación se hizo este miércoles a la mañana y pide dos medidas: 1) que la Cámara Civil y Comercial no sortee la integración de vacantes con subrogantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La Cámara, como se informa aparte, resolvió anoche realizar ese sorteo. Esta medida disparó este pedido de Clarín; 2) que se extienda el plazo del amparo contra la orden de desinversión. En este punto aparecen ahora las dos partes reclamando lo mismo.

El Gobierno hasta anoche no había sido notificado de esta presentación, pero los funcionarios del más alto nivel conocieron el contenido y avanzaron en una estrategia de respuesta. Según asesores de Olivos, el grupo está pidiendo a la Corte lo mismo que le pidieron ellos cuando fueron al tribunal para que la Cámara se integrase según dice la ley. La Corte en aquel momento, hace dos meses, respondió que esos trámites los había delegado en la propia Cámara y que no intervendría.

Según el multimedios, la presentación apunta a poner fin a "un ostensible estado de indefensión y privación de justicia" relacionado con "las recusaciones, excusaciones y renuncias provocadas" a su juicio por el Gobierno nacional respecto de los jueces que deberían integrar el tribunal. El cuerpo colegiado está de momento conformado sólo por la camarista en lo Civil y Comercial Federal de la Sala I María Susana Najurieta.

El escrito, de 37 carillas, le plantea a la Corte Suprema que "disponga preventivamente la prórroga de la medida cautelar aún vigente, hasta que la Sala I, integrada materialmente por los jueces en lo Civil y Comercial Federal de esta Capital, se pronuncie sobre la apelación pendiente, ya sea confirmando o revocando la denegatoria de la extensión". La presentación corrió por cuenta del abogado Alejandro Carrió, hermano de Diego Carrió, secretario de la misma sala de la Cámara que interviene en el expediente.

De acuerdo con el grupo económico, la posibilidad del vencimiento de la medida cautelar el próximo 7 de diciembre sin la conformación previa del tribunal representaría una "privación de justicia" y una "violación al derecho al debido proceso", así como de "la defensa en juicio".

En su presentación, se sostiene que la imposibilidad de integración completa del tribunal obedecería a "una conducta deliberada, maliciosa e inadmisible del demandado (el Estado), quien ha objetado mediante argumentos insostenibles la imparcialidad de los jueces del mismo Estado federal que él integra" y agrega que "en tren de hacerlo, los ha recusado o los ha presionado con denuncias administrativas o penales, forzando sus excusaciones y su temor".

La reglamentación del "per saltum" -que se había aplicado antes a casos como la privatización de Aerolíneas Argentinas a comienzos del Gobierno de Carlos Menem- fue una iniciativa del oficialismo del Congreso dentro de una estrategia que sus redactores calificaron de "preventiva" para el caso en que un juez o la Cámara Civil y Comercial que tiene la causa medios dictase una sentencia en favor de la inconstitucionalidad del 161° o extendiendo el amparo.

Pero desde su sanción -como adelantó este diario- se comenzó a especular que fuera el grupo Clarín quien usase, como ocurrió ayer, esta figura. Lo haría, según el Gobierno, si tuviera asegurado un fallo en su favor de la Corte. Lo que en los pasillos de Tribunales se llama el "4 a 3" en favor de su pedido, según el presunto voto de los integrantes del alto tribunal. El proyecto que se presentó al Congreso establece su aplicación en casos de gravedad institucional. Esa figura había sido esgrimida en la carátula misma del pedido de amparo del grupo que frena hasta ahora la aplicación del 161°. Según la reglamentación del recurso, ahora la Corte debe resolver si admite o no entrar en el tema, resolver sobre el pedido concreto de extensión de la cautelar o, si lo cree oportuno, resolver en la cuestión de fondo. El Tribunal ya ha dicho que en la ley de medios no está afectada la libertad de expresión, como arguyó Clarín en su presentación, pero ahora deberá resolver esta queja por presunta denegación de justicia.

La noticia se conoció públicamente anoche pasadas las 21 por una publicación sintética del escrito de 37 páginas en la página web del diario Clarín y era analizada anoche en despachos oficiales y en Olivos. Tomó por sorpresa al Gobierno y a la opinión pública. Sin duda, un giro sorprendente en el curso de esta puja que tenía hasta ahora como fecha de máxima tensión el 7 de diciembre pero que adelanta los tiempos. Cuando la Corte le dé traslado al recurso recién los funcionarios hablarán.