La semana pasada, desde estas mismas páginas nos ocupamos de las aventuras periodísticas del empresario Gustavo Olarte, en algunos casos con intendentes como sería el caso de una sociedad con Javier Pucharras en Tafí Viejo en la cual además está incluida una cooperativa del plan Argentina Trabaja. Pero lamentablemente Olarte no es el único aventurero que mantiene medios de comunicación en la informalidad más absoluta y se mantienen en circulación, o al aire, gracias a que no cumplen con las reglamentaciones laborales ni fiscales.
El diario El Siglo es otro ejemplo de un medio que se encuentra en esas condiciones. Propiedad del contador Carlos Omil y Carlos Altamiranda (también son arrendatarios del ingenio San Juan). Recientemente, la Asociación de Prensa de Tucumán conoció que la firma cambió, una vez más, la composición societaria. Ahora, el diario pertenece a un desconocido grupo denominado Key Group, que está inscrito en Tucumán, más precisamente en Maipú 70, sexto piso, oficina 61,según consta en el pedido de alta efectuado ante la AFIP el 7 de mayo pasado.
Desde su salida a la calle, en diciembre de 1.990, el diario estuvo primero en manos de Eduardo García Hamilton, su fundador, quien luego lo traspasó a su hijo Máximo García Hamilton bajo el sello de Siglo XXI SA. Posteriormente García Hamilton vendió la publicación al Grupo Altamirada, que no tenía ninguna relación con los medios de comunicación y administraba tres mutuales de dudosa reputación: 29 de Setiembre, San Eulogio y San Marcelo, las cuales estuvieron en la mira de la Justicia Federal por una investigación de ex juez federal Mario Racedo (reemplazado por Fernando Poviña al frente del Juzgado Federal N°2). También disponían de una distribuidora de muebles que terminó cerrada.
Cuando Omil y Altamiranda se hicieron cargo del diario se realizó un ajuste feroz, que incluyó el despido de varios trabajadores con años de antigüedad y la nula inversión en materia de equipamiento para la redacción y la planta impresora, que según manifiestan los trabajadores, está en el límite de su vida útil.
Durante años no se hicieron los aportes jubilatorios ni de obra social, a pesar de que a los empleados se les realizaban los descuentos correspondientes. Esto motivó la apertura de trámites administrativos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y causas en la Justicia. Inclusive se llegó a ordenar el secuestro de la rotativa, medida que no se llevó adelante porque un abogado de la firma prácticamente le sacó de las manos la notificación al agente judicial encargado de realizar la medida.
Mediante artilugios legales y una absoluta falta de voluntad de pagar las deudas contraídas lograron mantenerse a flote, amén de que los sueldos que pagan están en el orden de los 2.400 pesos, menos de la mitad de lo que marca el Estatuto del Periodista Profesional. Sólo con la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán mantienen una deuda que sus directivos estiman es cercana al millón de pesos con las actualizaciones correspondientes. A esto hay que sumarle lo que reclama el fisco nacional y la catarata de juicios laborales que tanto El Siglo SA, como Siglo XXI SA tienen en curso en la justicia ordinaria.
En tanto, el diario sale adelante con un plantel que ronda las 32 personas (aunque Key Group sólo declaró 36 trabajadores ante laAFIP), algunas de ellas en situación irregular. Esto motivó una inspección de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, que se realizó el miércoles 30 de mayo y se dejó el requerimiento para que los empresarios presenten los papeles respecto de su situación legal y del marco en el cual los trabajadores llevan adelante su tarea.
Mientras se llevaba adelante la desaparición de Siglo XXI SA, y con ella una montaña de deudas de toda índole, los empresarios Omil y Altamirada, junto a sus hijos, dieron por abierta, con toda pompa y lujo, la zafra 2012 en el ingenio San Juan, fábrica que se encuentra concursada y se mantiene en manos del Grupo gracias a la figura del “crown down”, un mecanismo incorporado a la ley de quiebras en la reforma de mediados de los 90 para posibilitar la continuidad de grandes empresas.
Dentro de las distintas versiones del conocido “pagadiós”, probablemente ninguna esté tan finamente elaborada y legalizada como las quiebras. Cuando los números no cierran, un empresario poco escrupuloso puede formar una nueva empresa que compra la anterior, la cual es quebrada ya sin activos. La práctica sirve para licuar deudas. De paso, permite sacarse de encima a trabajadores díscolos sin pagarles indemnización y recontratar a los más necesarios sin reconocerles antigüedad. En fin, como dice una vieja frase: “las empresas quiebran, sus dueños nunca”.
