Por estas horas se habla mucho sobre la posibilidad de que la provincia de Tucumán sea objeto de una Intervención Federal. Esto resultaría necesario en caso de tener que cumplir con la decisión judicial de anular las elecciones del 23 de agosto pasado y convocar a nuevos comicios, todo eso hasta el 29 de octubre cuando vencel mandato de las actuales provinciales. La acefalía obligaría al Gobierno Nacional a solicitar al Congreso el remedio federal.

La intervención federal podrá ser resuelta también por el Gobierno con el dictado de un decreto del Presiente.

El artículo 6 de la Constitución Nacional asegura sobre la intervención:

"El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisión de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia".

Declarada la intervención, el Gobierno Nacional nombrará un interventor por 180 días, plazo que  puede prorrogarse, y cumplido ese tiempo tendrá la obligación de restituir el Poder en la provincia llamando a elecciones.

Último antecedente

El presidente Néstor Kirchner dispuso la intervención federal en la provincia de Santiago del Estero en septiembre de 2004 debido a denuncias de corrupción y de persecución política por parte de la gobernadora Nina Juárez y su marido Carlos Juárez.

La intervención logró sacar del Gobierno al poder feudal que mantenía el juarismo desde hacía décadas en la provincia. El 27 de febrero de 2005 el interventor Pablo Lanusse llamó a elecciones y se consagró ganador el radical Gerardo Zamora.