Un día después de que el Observatorio de MuMalá difundiera que en Argentina muere una mujer cada 32 horas, desde la Casa de las Mujeres Norma Nassif salieron a recriminar –nuevamente- al presidente Mauricio Macri que cumpla con lo prometido en 2015, cuando firmó el plan de acción contra la violencia de género, y le ratificaron la exigencia por la declaración de una emergencia en el territorio nacional.  

En este marco, le recordaron al mandatario que ni bien asumió prometió, entre otras cosas, la construcción de 36 refugios distribuidos a lo largo del país, uno de ellos en Tucumán. “Además de que esa cantidad es completamente insuficiente, ni siquiera a esos se los construyó. Se terminaron 2 en todo el país. El Estado debe tener una actitud, que no tiene, que es dar cuenta de la situación de las mujeres y responder en consecuencia”, expresó  Vicky Disatnik, principal referente de la organización feminista.

Cabe recordar, que el gobierno nacional recortó el presupuesto destinado al Consejo de la Mujer, como parte de la política de ajuste que la gestión de Mauricio Macri llevó adelante en casi todas las áreas. Para este año, el presupuesto que el Ejecutivo Nacional dispuso para elaborar soluciones concretas contra la violencia machista es de menos de $11 por mujer, el precio de lo que cuesta un turrón de maní.

En cuanto al gobierno provincial, Disatnik, si bien consideró que avanzó en el desarrollo de varios servicios de atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, aclaró que aún no se ha dado respuesta al principal reclamo: “no se ha construido ni un solo refugio”. “Las mujeres que deben huir de sus casas se encuentran con el problema de que no tienen adónde ir. Ante la desesperación de quedar en la calle, prefieren quedarse al lado del agresor y esto termina, en muchos casos, en femicidio. Si hubiera un lugar público, que todas las mujeres supieran que allí pueden asistir, esta realidad comenzaría a cambiar”, remarcó.

En nuestra provincia, la Ley de Emergencia en Violencia de Género fue sancionada el 21 de diciembre de 2016 y se extenderá hasta el 2020, luego de que fuera ratificada en 2018. Según reza el texto de esa normativa, esta pretende ser un instrumento para “revertir el número de víctimas”, “reforzar la política preventiva” y “optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social”. Para tal fin, propone 8 objetivos primarios, entre los cuales incluye “la creación de espacios físicos transitorios para la contención y atención de víctimas”.

La referente feminista explicó que no se trata solamente de brindar un albergue donde puedan pasar la noche, sino de generar las condiciones necesarias para que estas mujeres no vuelvan a cruzar en su camino a los agresores. “Se deben tomar los recaudos necesarios, tanto en materia de seguridad y justicia, como en el plano económico. Deben tener oportunidades para mantenerse ellas y a sus hijos, para no verse obligadas a volver al lado del femicida”, agregó.

Por otro lado, relativizó las declaraciones del subsecretario de Seguridad, José Ardiles, quien destacó que gracias al rápido accionar del 911 y la articulación que existe con la Justicia se logró reducir en un 43% la cantidad de femicidios ocurridos entre enero y agosto, comparando este año con el mismo período en 2018. “En los casos de violencia de género, la Justicia aplica medidas más severas que ayudan a combatir los femicidios, como la restricción de acercamiento, custodia de la víctima y las pulseras electrónicas”, sostuvo el funcionario, que también destacó que la totalidad de los casos registrados en los primeros ocho meses de este año están con detenidos.

Al respecto, Disatnick aseguró que las medidas que aplica el Estado son “ineficientes” porque no se realiza un seguimiento de lo que luego pasa con la mujer. “Se pone la perimetral, pero ahí termina todo. No se sigue para ver si se resolvió la situación de esa mujer, si está bien protegida, si tiene la posibilidad de mantener a sus hijos, etc. Se siguen dando casos de mujeres que hacen las denuncias y que luego terminan muertas”, disparó.

Asimismo, apuntó contra la “lentitud de la Justicia” que “demora más de 3 años en llegar a juicio, por lo que los agresores quedan libres por haberse cumplido la preventiva, poniendo nuevamente en peligro a las mujeres que los denunciaron”.