"El sistema de administración de justicia no funciona y muchos menos en Tucumán. Si el ciudadano no presiona, denuncia y no se constituye como querellante, la justicia no avanza. Tenemos un problema grande en la administración de justicia, si los ciudadanos no se ponen el sistema al hombro, la justicia no funciona", disparó el Fiscal General Gómez.
Según explicó el fiscal, que las causas por contaminación ambiental avancen es un mérito de la ciudadanía, ante la letárgica actitud de los funcionarios judiciales locales. "Por suerte en Tucumán tenemos una ciudadanía que participa activamente como querellante en las causa ambientales. Eso significa que la defensa del medio ambiente está en manos de los ciudadanos. Eso permite saltar la jurisdicción tucumana y pasar a Buenos Aires, desde donde las órdenes bajan muy severas. Por ejemplo, fue gracias a ciudadanos de a pie que la Justicia Federal ordenó la declaración indagatoria a las autoridades de la SAT por contaminar el Río Salí con líquidos cloacales", remarcó.
Si bien en Tucumán se ha avanzado mucho en el combate de estos delitos, al menos en algunos ámbitos, tal es el caso de las investigaciones a la Minera la Alumbrera u otros casos como son los que se iniciaron a los ingenios azucareros, en donde hay muchos procesos y juicios que se han llevado a cabo, según Gómez esto no es gracias a los fiscales o jueces, sino que se da por presión de los ciudadanos de a pie.
"Es una vergüenza que los ciudadanos tengan que ponerse el sistema al hombro. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que la administración de justicia funcione, pero esto no es así. La justicia es el peor servicio que brinda el Estado, pero el mejor pagado. Los jueces y fiscales cobramos los mejores sueldos para dar garantías de que el sistema funcione y esto no es así", agregó.
Gómez también cargó duramente contra las autoridades del Poder Ejecutivo que deberían velar por la salud ambiental por la falta de controles y/o por la connivencia con las empresas contaminantes. En este sentido disparó: "No conozco un secretario de Medio Ambiente de la Nación que no haya sido procesado por delitos de contubernio, es decir, por complicidad con los agentes contaminadores. No existe un solo delito ambiental donde no haya por detrás un funcionario corrupto".
Vale aclarar que el fiscal Federal General es todo un especialista en delitos ambientales y supo en varias oportunidades iniciar investigaciones preliminares para establecer la responsabilidad de quienes cometen este tipo de delitos. En este sentido explicó que a su entender algunos delitos ambientales, como la quema de cañaverales y pastizales, deben ser investigados por la justicia federal, sin embargo en nuestra provincia esta es una potestad que asumen los fiscales y jueces provinciales.
"Son delitos federales previsto en los artículos 55 y 56 de la Ley 24.051 y el artículo 58. Está establecido por la cantidad de partículas contaminantes que arrojan al aire y alguna vez, cuando nosotros los investigábamos como delito federal, compramos un equipo que tomaba muestras de aire y se analizaba la cantidad de partículas (contaminantes) que se tiraba al aire con estas prácticas. Pero lamentablemente jueces y fiscales federales de primera instancia coincidieron con fiscales y jueces de primera instancia provinciales, de que este era un delito de la Provincia". "No entiendo como tomaron esa decisión", sostuvo.
Según aclaró, para restringir la investigación al ámbito local apelaron a una "incomprensible interpretación" no especificada en la letra de la Ley: entienden que para que sea delito federal el impacto de la contaminación debe ser interjurisdiccional, es decir, debe afectar a más de una provincia. "El problema es que nadie es sancionado por esto y la justicia no avanza", remarcó.
Consultado sobre si sería necesario crear fiscalías especializadas en delitos ambientales, como se baraja, por ejemplo, en la provincia de Salta, aseguró que "no hace falta" para que la Justicia sea efectiva. "Lo que existe es impunidad en algunos ámbitos", subrayó.
