Luego de una extensa reunión con los ruralistas, en medio del segundo día de lockout patronal, el Gobierno aceptó este martes eliminar el cupo de 30.000 toneladas diarias y, en simultáneo, propuso una serie de herramientas para desacoplar la suba internacional de los precios con los del mercado interno. Nuevamente, el equipo económico dio marcha atrás en una medida de regulación del sector agropecuario y volvió a apostar a la buena predisposición de los empresarios de la actividad.
Una de las alternativas es la creación de un fideicomiso privado que permita subsidiar el diferencial de precios de los granos que no se exporten para que sean adquiridos por productores locales para la alimentación de animales.
Mientras el ala más beligerante del campo perseguía a camioneros con carga de granos para hacerles derramar su contenido en las rutas, representantes del Consejo Agroindustrial se reunían con los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, para destrabar el conflicto que se inició a partir de la decisión oficial de asegurar el abastecimiento de maíz a los productores de proteína animal durante los próximos tres meses.
Primero se había dispuesto un congelamiento de las ventas hasta marzo. Se retrotrajo la decisión y se aplicó un cupo de 30.000 toneladas diarias. Este martes, los funcionarios se comprometieron con el nucleamiento de empresas del sector agroexportador desactivar cualquier "limitación cuantitativa", con lo cual se retrotrajo la medida y no habrá tope de 30 mil toneladas.
