Hace más de 6 años, la fiscala Juana Prieto de Sólimo requirió (a principios de abril del 2015) la elevación a juicio de la causa iniciada en virtud de las anomalías detectadas en el trabajo que el exfiscal Carlos Albaca desarrolló mientras controló la investigación del homicidio de Paulina Lebbos, por considerar que el ex titular de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación de la capital es el probable autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público; de promoción de la represión (retardo y denegación de justicia) y de encubrimiento agravado.

Esta acusación fue organizada alrededor de la imputación de 11 hechos que el exfiscal Albaca habría cometido mientras estuvo a cargo de la instrucción que investigó la muerte de Paulina, desde el 2006 hasta el 2013, cuando fue reemplazado por el fiscal Diego López Ávila por disposición del ex Ministro Fiscal, Luis Di Mitri.

Entre las tantas irregularidades que se enumeran en el expediente acusatorio, se destaca que hasta el momento en que Albaca dejó la causa en 2013 todavía no se habían realizado las pericias genéticas de las muestras de cabellos encontrados en el cuerpo y la ropa de Paulina en marzo del 2006.

Otro de los cuestionamientos es que no se resguardó bien ese material, lo que provocó que con el paso del tiempo no sean aptos para detectar perfiles genéticos. Por otro lado, el exfiscal pidió el tráfico de IMEI del teléfono celular de Paulina con un número errado, y no investigó hasta 2011 a quienes utilizaron el aparato desde la desaparición de la víctima.

En la acusación que enfrenta se describen, además, todas las pruebas técnicas y estudios científicos que no habría efectuado; sospechosos sobre los que no habría indagado y pistas que no habría seguido deliberadamente a los fines de presuntamente garantizar la impunidad.

Finalmente, el juez de la IV nominación, Víctor Pérez, decidió no hacer lugar a los planteos de la defensa y varios años después del pedido de Prieto de Sólimo, elevó a juicio oral y público la causa contra el exfiscal.

La causa contra Albaca había sido abierta a partir de al menos dos denuncias: una de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y otra del diputado José Cano (UCR).

El expediente recayó en la oficina de Prieto de Sólimo por orden del ministro público Edmundo Jiménez, tras la inhibición generalizada de los fiscales de instrucción.