Este viernes, por solicitud de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad de Monteros, que conduce Mónica García de Targa, se realizó la audiencia correspondiente al control de la detención, formulación de cargos y pedido de coerción en contra de un hombre acusado de un importante robo de diferentes elementos de informática, pertenecientes a la Escuela nº 121, Dr. Ito Marcelo Rodríguez, de la localidad de Yonopongo, objetos denunciados como sustraídos por las autoridades del establecimiento.
Se trata de un tal “Gabi”, de 41 años, quien resultó
atrapado durante un allanamiento llevado a cabo por pedido de la fiscal García
de Targa, que se realizó el miércoles último en un domicilio de la zona.
Acusación
Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Bernardo Sassi
le reprochó al acusado que entre los días 13 y 14 de julio, rompió el candado
del portón de acceso al establecimiento educativo y, una vez dentro del mismo,
rompió las cerraduras de la biblioteca y de una sala de profesores, para
apoderarse de 23 netbooks del plan conectar igualdad provistas por el gobierno,
un proyector y cinco tablets, para luego darse a la fuga.
La calificación legal es por el delito de robo agravado en
despoblado.
Entre las evidencias reunidas, el representante del MPF
afirmó que la fiscalía cuenta con las declaraciones de testigos que afirman que
el imputado andaba por las calles del pueblo, ofreciendo a la venta netbooks y
tablets del plan conectar igualdad. Asimismo, indicó que, durante el
allanamiento realizado en el domicilio del hombre, fueron halladas 16 de las
computadoras robadas, que quedaron secuestradas en el marco de la causa.
Medidas
Para cautelar el proceso, el auxiliar Sassi solicitó la
prisión preventiva del acusado por el plazo de dos meses, invocando los riesgos
procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
“Se trató de un hecho grave, trascendente en el pueblo, que
causó una gran indignación para su comunidad. Fueron robados elementos
fundamentales para el estudio y aprendizaje de los niños, estudiantes de zonas
rurales, que carecen de computadoras y acceso a internet, causándoles un gran
perjuicio”, alegó el funcionario.
En su resolución, el juez interviniente aceptó parcialmente el requerimiento fiscal, otorgando la medida cautelar por el término de 30 días.
