En este marco, la organización social y latinoamericana La Poderosa trabajó en un proyecto de ley de reconocimiento salarial a todas las cocineras comunitarias que sostienen ollas populares, comedores y merenderos de todo el país, el cual será presentado el próximo 5 de junio. “Preparamos la comida y la entregamos a las miles de familias que las necesitan, pero no percibimos ningún tipo de ingreso, ni tenemos ningún derecho laboral por este trabajo que realizamos”, contó al aire de Radio Prensa, Elizabeth González, referente de la agrupación.
La atención de esos espacios barriales está a cargo mayoritariamente de mujeres y disidencias que destinan hasta ocho horas diarias a cocinar para centenas de personas cada día. Para ellas, la iniciativa contempla un ingreso que tenga como piso el Salario Mínimo, Vital y Móvil, vacaciones, jubilación y seguridad social.
“Necesitamos que nuestro trabajo sea reconocido y que tengamos un salario digno, donde tengamos vacaciones y obra social. Hacemos una triple jornada: tenemos que buscar laburo, atender la casa y después, sin volver a casa, cocinar para nuestros vecinos. Estamos 24/7 y creemos que ya es hora que nos reconozcan”, agregó González en el programa Quien quiera oír que oiga.
Cabe destacar que el vínculo del Estado con los comedores comunitarios es visible. El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCom) releva el número de comedores y merenderos comunitarios que funcionan en el país. Es decir, la base registral ya es una realidad y solo resta la voluntad política de destinar presupuesto para garantizar los salarios de estas trabajadoras no reconocidas como tal.
En este sentido, según explicaron, la inversión social requerida representaría un presupuesto global equivalente a menos del uno por ciento del PBI nacional, el 10 por ciento de lo destinado a servicios de inteligencia o al 0,14 por ciento de los servicios de deuda previstos en el presupuesto 2023.
