Las diputadas nacionales Vanesa Siley y Mónica Macha (Unión por la Patria) presentaron un proyecto de resolución para declarar la invalidez y nulidad absoluta del decreto de necesidad y urgencia 62/2025, firmado por el presidente Javier Milei el 6 de febrero de este año. La medida modificó el artículo 11 de la Ley 26.743 de Identidad de Género, prohibiendo el acceso de personas menores de edad a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida.

Según el texto presentado en la Cámara de Diputados, el decreto viola el artículo 99 inciso 3º de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo dictar disposiciones de carácter legislativo salvo en casos de “circunstancias excepcionales” que impidan el trámite ordinario del Congreso. Las legisladoras afirman que no existía tal urgencia, dado que el Congreso se encontraba en funciones a través del período de sesiones extraordinarias, convocado por el propio Poder Ejecutivo.

El decreto fue justificado por el Gobierno con un informe técnico del Ministerio de Salud, que alertaba sobre la falta de evidencia concluyente sobre los efectos de largo plazo de las terapias hormonales en menores. Sin embargo, el proyecto impulsado por Siley y Macha cuestiona la solidez del informe, señalando que no incluye datos científicos nacionales ni estadísticas relevantes que sustenten una urgencia sanitaria.

“El cuerpo normativo argentino ya prevé mecanismos de resguardo para garantizar el interés superior del niño”, señala el texto legislativo, recordando que el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género establece que en casos de menores de edad se requiere no solo el consentimiento de los representantes legales y del propio menor, sino también la intervención judicial.

La iniciativa argumenta que el decreto constituye “una muestra más de la búsqueda de restricción de derechos”, en este caso centrado en niños, niñas y adolescentes trans. También se destaca que desde la sanción de la ley en 2012, y su reglamentación en 2015, no se han registrado objeciones ni datos oficiales que indiquen perjuicios derivados de su implementación.

La norma vigente reconoce el derecho de todas las personas al reconocimiento y desarrollo de su identidad de género, y para los menores contempla un procedimiento especialmente garantista. En este marco, el DNU 62/2025 se presenta —según las diputadas— como un retroceso sin sustento constitucional, legal ni científico.

De avanzar el proyecto, se sumará a otros intentos legislativos y judiciales por frenar o revertir decretos del actual Poder Ejecutivo que han modificado por vía administrativa leyes vigentes, en medio de una creciente tensión entre el oficialismo y sectores de la oposición en torno a los límites del uso de decretos de necesidad y urgencia.