En veinte meses de gobierno, el ajuste sobre las universidades nacionales y el sistema científico alcanzó niveles inéditos desde la recuperación democrática. Así lo reveló un informe publicado en julio que realizaron en conjunto la FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), que detalla la magnitud del retroceso en salarios, presupuesto y recursos estratégicos para la educación superior y la investigación.

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 220,1% desde noviembre del 2023, los salarios en las universidades nacionales solo crecieron un 128,5%. Es decir, la pérdida acumulada de los docentes universitarios es de 91,6 puntos base.

En lo que va de 2025, la caída adicional es del 6,5%. "El nivel salarial del sector ya se ubica por debajo de los valores de 2002, con una pérdida de 39 puntos respecto del pico alcanzado en 2011", señalaron.

El ajuste también se traduce en recortes presupuestarios históricos. La Secretaría de Educación sufrió una baja del 47,6% en dos años, con fuerte impacto en el financiamiento universitario, la ejecución de becas y las políticas socio-educativas. La inversión en universidades nacionales retrocedió un 21,9% en 2024 y se proyecta otro descenso del 8,8% para 2025. Entre enero y julio de este año, la caída acumulada es del 30,7% respecto del mismo período de 2023, con un deterioro que se profundiza mes a mes.

En paralelo, la estructura del empleo universitario muestra una tendencia regresiva: crece la proporción de cargos de dedicación simple, que pasaron del 46% en 1999 a más del 55% en 2024, mientras las dedicaciones exclusivas, clave para la investigación y la docencia de alto nivel, se reducen al 7,9% del total.

El panorama en ciencia y tecnología no es mejor. El presupuesto del área dentro de la Administración Pública Nacional cayó un 48% real en dos años, afectando a todos los organismos. El CONICET perdió un 32,7% de su financiamiento, y la Agencia I+D+i sufrió un recorte superior al 90%. Las consecuencias son visibles: salarios que se hunden hasta 35 puntos en algunas categorías, una pérdida del 26% desde noviembre de 2023 en el empleo público del sector, y una masa salarial total que se achicó un 32,2% en dos años.

La contracción golpea también a la capacidad operativa: las becas cayeron un 29,4%, la compra de bienes de capital se desplomó un 66,6%, los insumos un 71%, y las transferencias a proyectos y programas se redujeron un 83,7% en términos reales