Después de varias semanas desde la publicación del decreto firmado por Javier Milei, la oposición logró rechazar el veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados por 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones. También hubo 10 legisladores que se ausentaron a la hora de votar.

A la hora de emitir el voto, había en el recinto 247 diputados sentados en sus bancas por lo que la mayoría especial necesaria era de 165 avales. Fueron claves los acompañamientos de los 2 santafesinos de Futuro y Libertad, 2 de La Libertad Avanza, 2 del MID, 5 del Pro y 2 de Producción y Trabajo.

De los 9 diputados que representan al pueblo tucumano, 6 acompañaron la posición mayoritaria y votaron a favor de rechazar el veto presidencial: Pablo Yedlin y Carlos Cisneros (Unión por la Patria); Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina (Independencia); y Roberto Sánchez (UCR).

En tanto que Mariano Campero (Liga del Interior - LLA); Paula Omodeo (CREO - LLA); y Gerardo Huesen (LLA) votaron a favor de blindar el equilibrio fiscal que impulsa el presidente Javier Milei a costilla de las necesidades de personas con discapacidad.

Cómo fue la votación

Así las cosas, 95 de 98 integrantes de Unión por la Patria (el santiagueño José Gómez, el catamarqueño Dante López Rodríguez y Rogelio Iparraguirre estuvieron ausentes); 14 de 15 de Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto; 11 de 12 de Democracia para Siempre, bloque que comanda Pablo Juliano; los 6 de la Coalición Cívica; y los 5 del Frente de Izquierda votaron a favor de rechazar el veto.

Del mismo modo, votaron 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (hubo un ausente y tres en contra); los 8 integrantes de Innovación Federal, bancada que responde a las gobernaciones de Salta, Misiones y Río Negro; los 3 tucumanos de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo; y los 2 santacruceños, José Garrido y Sergio Acevedo.

También acompañaron los monobloquistas Roberto Mirabella de Defendamos Santa Fe; Lourdes Arrieta de Transformación; Mario Barletta de Unidos; Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino; Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos.

La Ley de Emergencia en Discapacidad alcanzó siete votos más de la mayoría requerida y 13 de esos votos afirmativos fueron aportados por oficialistas y aliados: Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro de La Libertad Avanza; Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID; Ana Clara Romero, Héctor Baldassi, Álvaro González, Karina Bachey y Sofía Brambilla del Pro; Verónica Razzini y Gabriela Chumpitaz de futuro y Libertad; y María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo.

En contra, ausentes y abstenciones

Para dejar blindado el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, votaron en contra el fueguino Ricardo Garramuño; el entrerriano Francisco Morchio (responde al gobernador Rogelio Frigerio); la tucumana Paula Omodeo de Creo; la cordobesa María Cecilia Ibáñez del MID; los 6 miembros de Liga del Interior; y 3 radicales, los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y el chaqueño Gerardo Cipolini.

El caudal mayoritario en contra de la Emergencia en Discapacidad lo aportaron 26 diputados del Pro; y 34 de La Libertad Avanza.

Por su parte, las dos abstenciones fueron de la diputada bonaerense Gabriela Besana, y de María Eugenia Vidal (ambas del Pro), ambas disconformes con el acuerdo entre su partido y LLA.

Entre los 10 ausentes, además de los tres integrantes de Unión por la Patria, también estuvieron el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el entrerriano Atilio Benedetti del radicalismo; Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas del Pro; y la misionera Florencia Klipauka, el puntano Alberto Arancibia Rodríguez y el formoseño Gerardo González de La Libertad Avanza.

Qué dice el proyecto 

El proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, había sido aprobado por unanimidad en el Senado y con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones el 4 de junio en la Cámara baja.

Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.