Al igual que el año pasado, el Senado sancionó la ley de financiamiento universitario y recomposición de los salarios docentes y no docentes con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Sin embargo, una vez que el texto sea girado a la Casa Rosada el presidente Javier Milei volverá a vetarlo.

Además de los 34 miembros del interbloque de Unión por la Patria, votaron a favor Pablo Blanco y Martín Lousteau; la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri; la rionegrina Mónica Silva; la tucumana Beatriz Ávila; el correntino Carlos Espínola; la cordobesa Alejandra Vigo; los dos santacruceños; 11 radicales; la chubutense Edith Terenzi; y dos del Pro: Luis Juez y Alfredo De Ángeli.

La redacción del texto contó, nuevamente, con la colaboración de Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fue impulsado por la diputada entrerriana Blanca Osuna y consensuado con textos presentados de la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y algunos integrantes del radicalismo.

En su carácter de presidente de la Comisión de Educación del Senado, Eduardo “Wado” De Pedro, recordó: “Es la segunda vez que vamos a tratar el proyecto. En septiembre del año pasado se aprobó y octubre fue vetada. Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula y los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y, lamentablemente, por el aumento de los servicios y que los salarios no alcanzan, muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.

Así, explicó que el proyecto en su primer artículo habla de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria argentina. En su artículo dos, habla de los objetivos específicos donde asigna partidas por parte del Ejecutivo Nacional al financiamiento que tiene que ver con el ingreso y la permanencia de los estudiantes.

“En el artículo 3 estipula una recomposición basada en el IPC que trata de la inversión en el funcionamiento de las universidades, en la recomposición salarial, en el sostenimiento de la investigación y, por supuesto, aumento de las becas”, sumó De Pedro y agregó: “En el artículo cuatro se habla de la recomposición y actualización para este año del presupuesto tiene que ser de manera bimestral por el IPC”.

Además, indicó: “Este proyecto, a diferencia del anterior, tiene tres artículos más. El cinco es la obligación del Ejecutivo a convocar a la paritaria nacional docente que tiene que tener como piso la inflación medida por el IPC. También en el artículo 6 refiere a la obligación de actualizar el valor de las becas que hay distintos tipos”.

“En su artículo 7 estipula una partida presupuestaria para la regulación de ingresos a la carrera de investigador científico. Por último, todos sabemos que bajo el pretexto de no auditar y distintos manejos de presupuesto universitario, se hizo un ajuste tremendo que interfiere fuertemente en el funcionamiento”, precisó.

De Pedro manifestó que “en Argentina hay más de 2 millones estudiantes en universidades públicas estamos hablando de casi 10 millones de personas que están dentro del sistema. Tenemos que mencionar los 137 institutos universitarios de los cuales 57 son universidades nacionales y el esfuerzo de los más de 220 mil docentes y no docentes”.

“También recordemos que el 85% del presupuesto es para el salario de los docentes que está bajo la línea de pobreza. No tengo dudas de que este proyecto va a salir porque la educación universitaria es un orgullo nacional, es una de las formas que tenemos en el país de generar movilidad social ascendente. Para nosotros es la llave para que esos millones de jóvenes puedan forjar su futuro con dedicación”, remarcó.

En el tramo final de su intervención, el senador de UP indicó: “La educación universitaria es la llave para el desarrollo productivo del país. En unos pocos años vamos a necesitar de la economía del conocimiento y el desfinanciamiento de la universidad esta haciendo lo contrario. El 90% de los chicos que van al secundario quieren ir a la universidad”.

La senadora tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) supo ser aliada del oficialismo en los primeros meses del 2024. Sin embargo, hace meses que se viene desmarcando de la postura del Gobierno, tal es así, que anunció su voto en favor del financiamiento universitario. “Esta ley habla de un federalismo real”, defendió.

Con un discurso medido, añadió que las universidades generan “la movilidad ascendente que tienen nuestros jóvenes para construir el país grande que todos soñamos”. También advirtió al presidente de la Nación: “El Gobierno debería tener como prioridad la educación y la salud porque la educación pública universitaria no es un privilegio, es un derecho”. “Votamos por nuestros jóvenes, docentes, investigadores y porque soñamos un país inclusivo, moderno y soberano”, concluyó.

Cerró el debate el jefe del bloque LLA, Ezequiel Atauche, quien sostuvo que “la educación pública universitaria es una prioridad para este Gobierno”, y remarcó que “cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos con que había muchos niños que no sabían leer, que no comprenden texto”, y aseguró que “nos hemos encargado con preocupación de empezar a sacar a los niños de esa situación”.

Sostuvo que “se utilizaron nuestras aulas como lugar de lavado de cerebro y disputa ideológica”, y dijo que el Gobierno nacional puso manos a la obra y “empezó rápidamente a invertir en alfabetización, y nos pusimos también a sacar las ideologías de adentro de la educación. Ideologías que venían envenenando las mentes de nuestros niños y jóvenes”.

Coincidió que este tema tendría que tratarse en el presupuesto, y sostuvo que “intentamos tener un presupuesto el año pasado con déficit cero y nos encontramos chocando con la clase política que no entendía lo que era tener un presupuesto con déficit cero. Entonces nos vimos con la imposibilidad de tener un presupuesto y hoy seguimos con estas discusiones”.

Qué establece la ley

La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.

Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.

Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándolos por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.

Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario, en un contexto de creciente demanda por eficiencia institucional.

Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1º de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional, preservando así los recursos provinciales y el equilibrio fiscal.