A pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) se realizó este martes una audiciencia con el propósito de controlar la aprehensión, formular cargos y solicitar medidas de coerción en contra de una mujer de 37 años. La misma fue acusada de entrar a robar a una vivienda del barrio Lapacho de Concepción y luego hacer compras con una tarjeta de crédito.

La acusada fue atrapada el domingo último cuando la empleada de un local advirtió que había realizado las operaciones con una tarjeta que no era de su propiedad.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, dirigida por Héctor Fabián Assad.

En la audiencia, la auxiliar de fiscal Graciela Macció le imputó tres hechos cometidos el domingo 24, con pocas horas de diferencia.

El primero sucedió a las 17.30 horas, cuando la acusada observó a una mujer que salía de su domicilio ubicado en calle Yapeyú, dejando las llaves del mismo escondidas cerca de la puerta de acceso.

La imputada ingresó a la vivienda y sustrajo una cartera, dinero en efectivo y documentos. Luego, a las 19.15 horas, se dirigió a un almacén donde usó una tarjeta de crédito de la víctima con la que hizo diferentes compras por la suma de $55.000.

Una hora después volvió al mismo comercio e intentó realizar una nueva compra con la misma tarjeta, pero esta vez la empleada del local se dio cuenta y avisó a la víctima y a la policía.

Por los tres episodios la fiscalía le imputó ser presunta autora de los delitos de hurto agravado por el uso de llave verdadera hurtada, en concurso real con el delito de estafa especial, concursado con el delito de estafa en grado de tentativa.

A los fines de resguardar el proceso, la representante del MPF solicitó la prisión preventiva de la imputada. “Estamos ante un concurso real de hechos cuya pena sería alta, esto sumado a los antecedentes que la imputada tiene en otras causas por ilícitos contra la propiedad. No hay que perder de vista las características del hecho, donde la acusada ingresa al domicilio haciéndose de elementos de valor”, expresó la investigadora, que demandó la medida cautelar por el plazo de dos meses.

En su resolución, el juez interviniente rechazó el planteo sobre la privación de la libertad, imponiendo en su lugar medidas de coerción de menor intensidad por el término de seis meses./MPF