Por instrucciones del titular de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal, Diego Hevia, la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, relató los hechos atribuidos a la directora de un centro terapéutico educativo (licenciada en Psicología) y a su empleada (acompañante terapéutica).

La calificación legal para la primera es por el delito de usurpación de títulos y honores en concurso ideal con estafas.

En tanto, a la segunda se la acusa por simular la profesión (cursa la carrera de Psicología pero aún adeuda materias para recibirse).

“Desde 2022 hasta el mes de febrero del 2025 prestaba servicios en el centro terapéutico educativo (primero funcionaba en calle Santa Fe y luego en Don Bosco) simulando la condición de psicóloga (no contaba con título habilitante ni autorización colegiada). De este modo, efectuó sesiones de terapia psicológica a la menor, la cual había sido diagnosticada con autismo en la niñez”, dijo la Auxiliar de Fiscal y entre las evidencias indicó que la licenciada en Psicología contaba con una matrícula inactiva por parte del Colegio de Psicólogos de la provincia (desde el mes de noviembre de 2024).

“La responsable del lugar estaba a cargo de las terapias de rutina sin contar a esa fecha con la autorización Colegiada por encontrarse su matrícula inactiva por falta de pago y, en ese caso, confeccionó, firmó y selló como psicóloga el plan de abordaje con informe inicial y evolutivo incluido en las carpetas de trabajo en relación a la niña (de ocho años) que se presentaba luego en la obra social. De esta forma, violaba las disposiciones de Colegiatura vigente que efectivamente la autorizaban a ejercer como psicóloga”, detalló Briz Tomás.

Al momento de declarar, la directora dijo que el lugar no funcionaba como un centro terapéutico educativo (que actualmente no está operativo), sino como un equipo multidisciplinar constituido por distintos profesionales.

En tanto, la otra acusada comentó que nunca firmó informes como psicóloga. También el padre de la menor brindó unas palabras: “Pusieron una persona que no está habilitada y no tomaron conciencia de eso porque siguieron trabajando como si nada. No hay forma que pueda determinar la extensión del daño porque la estimulación temprana es clave para los avances de mi hija. Hubo abuso de confianza porque se aprovecharon de nosotros”.

Medidas de coerción de menor intensidad 

Para finalizar, la Auxiliar de Fiscal pidió medidas de coerción de menor intensidad por el tiempo que dure la investigación penal preparatoria (por el término de seis meses). Además de firmar el libro de comparendo deberán presentar una caución personal o real por la suma de $7.000.000.

A su vez deberán presentarse en la comisaría jurisdiccional del domicilio fijado junto con la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial de la provincia como así también la restricción de acercamiento a un radio no menor a 300 metros a la familia de la víctima.

Luego de un cuarto intermedio, la jueza actuante valoró lo expuesto por la Fiscalía tanto en la plataforma fáctica como las medidas de coerción./MPF