El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había llamado a sesionar este miércoles para cumplir con la interpelación a integrantes del gabinete de Javier Milei para que brinden explicaciones acerca de varias controversias. Ante un recinto vacío, y solo con la escasa presencia de una docena de diputados, Menem dio por caída las dos sesiones previstas. Para la primera se había citado al ministro de Economía, Luis Caputo, para interpelarlo respecto del swap con Estados Unidos. En la segunda, estaban citados a dar explicaciones por el escándalo de corrupción en ANDIS la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y Mario Lugones, ministro de Salud.
Temprano se había conocido que tanto Caputo como Karina y Lugones no tenían pensado asistir para ser interpelados por el pleno, tal como la oposición aprobó en la última sesión.
No es la primera vez que miembros del gabinete de Milei se niegan a presentarse ante una citación del Congreso. Karina Milei junto a otros 4 funcionarios se ausentaron en reiteradas ocasiones a la comisión que investiga el escandalo cripto $LIBRA. La oposición intentó -sin éxito- hacerlos concurrir por la fuerza pública, pero la Justicia les denegó esa posiblidad. Los integrantes de la comisión apelaron la decisión judicial y aún aguardan por una resolución. De obtener una respuesta favorable, los diputados de la oposición podrán citarlos nuevamente y obligarlos a asistir custodiados por la Policía Federal.
Además de Karina, se encuentran en esa situación, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la funcionaria del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo (ex titular de la UTI Libra). Del mismo modo podrían citar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien también se ausento a la cita, aunque este último por motivos de salud.
Pero quien más faltazos a pegado al Congreso es el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, quien dejó en claro que no tiene ninguna intención de brindar explicaciones a la oposición. Preferiría arriesgarse a someterse a un juicio político, aunque sería inédito que eso ocurriera, por falta de antecedentes y porque el Gobierno confía en contar con los votos necesarios para blindar cualquier pretensión de la oposición más dura que vaya en ese sentido.
El ministro es reticente a comparecer ante el Congreso. La única vez que lo hizo fue durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri, cuando debió acudir a brindar explicaciones por el endeudamiento externo en el año 2018. El año pasado, Caputo se negó a presentar el Presupuesto 2025 y rechazó todas las invitaciones de la oposición para defender el proyecto en comisiones. En abril de este año faltó dos veces a una interpelación cuando el caso $LIBRA todavía estaba fresquito.
Cabe recordar que la convocatoria se hace en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, que establece que “cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.
Sin embargo, las ausencias podrían no ser penalizadas, ya que la carta magna no contempla esa posibilidad y no existe tampoco ninguna ley especial que deje sentada sanción alguna. Lo que si se reconoce, y es la carta que puede jugar la oposición más dura, es que la interpelación a los funcionarios que tienen a su cargo "el despacho de los negocios de la Nación" forma parte esencial del sistema de contrapesos que establece nuestro sistema republicano. En ese sentido, los faltazos sí pueden ser causal de acusaciones de incumplimiento de los deberes de funcionario público, motivo de un pedido de juicio político.
La tramitación de ese proceso debe iniciarse en la comisión pertinente de la Cámara de Diputados, a quien la constitución le reserva la atribución de acusar a los ministros, al presidente y su vice y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Dicha comisión aún no entró en funcionamiento desde el recambio de diciembre del 2023. La frustada elección de autoridades (Martín Menem no reconoce a Marcela Pagano como titular de ese cuerpo) paralizó sus funciones durante todo el 2024 y lo que va del 2025. Allí aguardan las múltiples presentaciones en contra del presidente Javier Milei, por lo que es de esperarse que el oficialismo intente obstaculizar lo máximo posible su conformación para no correr riesgos.
De activarse esa comisión, y en caso de tener una mayoría dispuesta a admitir una evaluación de la conducta de Caputo, Karina y compañía (se necesitan 16 firmas sobre 31), serían habilitadas audiencias con testigos y pedidos de documentación. Pero si el Gobierno obtiene un fuerte respaldo en las urnas y logra alcanzar el mágico número de un 1/3 de las bancas, tendría el poder para blindar a todos sus funcionarios de ser removidos por el Congreso. Las opciones de la oposición para sancionar a los "rebeldes" no son muchas, lo que pone en evidencia la fragilidad institucional de nuestro sistema republicano.
