Con el patrocinio del abogado Pablo Gargiulo, la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estatutos Sociales (ANDHES), formalizaron este jueves la presentación ante el Tribunal de Impugnación, con el fin de convertirse en amicus curiae (amigos del tribunal), en el juicio "Olarte Aníbal Gabriel sobre entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional".
La pretensión de ambas organizaciones es poder aportar elementos de derecho, normativos y jurisprudenciales, tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos que pueden ilustrar y completar criterios y fundamentos al momento de resolver en autos.
El pedido se fundamenta en una medida cautelar dictada el 4 de noviembre por el juez subrogante Lucas Taboada, quien ordenó a un multimedio provincial (CCC), junto a sus periodistas y productores, cesar la difusión de todo contenido que “injurie, desacredite o distorsione” la actuación de fiscales y magistrados.
La resolución también establece la prohibición futura de emitir opiniones críticas hacia el Poder Judicial provincial, bajo amenaza de sanciones penales.
Desde la APT y de ANDHES, resaltaron que esta decisión constituye un caso manifiesto de censura judicial previa, prohibida por los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y un grave retroceso para la libertad de expresión y de prensa en Tucumán.
“La censura nunca puede ser una respuesta legítima en democracia. El periodismo libre y crítico cumple una función esencial para la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando se lo persigue o se lo calla, lo que está en riesgo no es solo la libertad de prensa, sino el propio tejido democrático”, señaló Florencia Vallino, directora ejecutiva de ANDHES.
“Desde el gremio de trabajadores y trabajadoras de prensa sostenemos que vulnerar derechos esenciales como la libertad de expresión y el acceso a la información —entendidos como bienes sociales y derechos humanos— socava las bases mismas de un sistema democrático y republicano”, destacó Diego del Jesús Tomas, secretario gremial de la Asociación de Prensa de Tucumán.
En relación a este caso en particular, ANDHES y la APT presentaron a principios de este mes un pedido de llamamiento urgente ante la Relatoría Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, a fin de requerir su intervención en favor de la libertad de prensa en la provincia de Tucumán, en virtud de los hechos acontecidos en la presente causa, especialmente la medida cautelar dictada por el juez subrogante Taboada.
En esta oportunidad, la APT manifestó que en virtud de su compromiso institucional con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de prensa, así como su compromiso con la irrestricta vigencia del derecho a libertad de expresión en el ámbito provincial, "se presenta en calidad de amicus curiae, junto a ANDHES a fin de aportar elementos jurídicos, doctrinarios y contextuales que contribuyan al análisis integral de la cuestión debatida en estas actuaciones".
Tanto para la APT como para ANDHES, la decisión del juez subrogante ante la presentación realizada por el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, "implica una utilización inapropiada del sistema penal, que lejos de buscar resguardar el honor, la reputación, la intimidad o la honra de una o varias personas determinadas, apela a la utilización de tipos penales que no guardan relación con los hechos invocados para obtener una medida coercitiva que impida la expresión de medios, programas y periodistas críticos del desempeño del sistema judicial tucumano, configurando una respuesta corporativa tendiente a impedir, mediante la amenaza penal, la divulgación de opiniones que, más allá de su contenido y calidad periodísticas, implican una forma del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa constitucional y convencionalmente protegidas".
En el escrito del abogado Gargiulo, quedó expresado que "desde ANDHES y la APT entendemos el derecho a la libertad de expresión como una herramienta para el desarrollo de una democracia genuina, más igualitaria y participativa, así como también un instrumento estrechamente vinculado con las condiciones de producción y acceso a la información".
