A fin de acelerar los tiempos, el oficialismo inició este miércoles el tratamiento del proyecto para la reforma laboral en una reunión informativa en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Con una lista larga de invitados a exponer, el primero en abrir la ronda de expositores fue Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien planteó que la modificación apunta principalmente al empleo privado que “se encuentra estancado desde hace años” porque el trabajo “es una actividad humana que requiere la más alta consideración”.

“Cuando uno observa las estadísticas y ve el desarrollo en el cual se entronca esta realidad que nos lleva tanto análisis desde hace años y entendemos que hace falta de manera imperiosa una modificación en el sentido de una modernización en el esquema laboral”, explicó.

Sin ponerse colorado, Cordero sostuvo que se citó a los distintos actores sociales, se iniciaron mesas de diálogo además de recabar todo tipo de datos y de detalles en la realidad del mundo de la producción y del trabajo. La realidad es que el proyecto se discutió a puertas cerradas entre dirigentes oficialistas y aliados, y recién se conoció unos días antes de iniciar el período de sesiones extraordinarias. De hecho, el representante del sindicalismo en el Consejo de Mayo (instancia en la que supuestamente se diagramó el proyecto), Gerardo Martínez, no participó de la reunión final de esa institución, denunciando que ninguna de sus sugerencias y opiniones fueron tenidas en cuenta. 

"Las normas laborales estaban enmarcadas en un ámbito de formalidad teórica, pero su aplicación en la práctica resultaba inoficiosa en muchos casos y requería de distintos elementos que propendieran a esta modernización que se remitió luego de un análisis muy profundo de los artículos de las normas a las cuales se hace alusión”, planteó.

Según Cordero: “Uno de los principales aspectos que se tuvo en cuenta fue la visión de las PyMES que son las más generadoras de empleo en el país y las necesidades que se fueron recabando en cada uno de los aspectos, en lo que tiene que ver con la conflictividad, en la litigiosidad, como en la cantidad de cargas adjuntas al trabajo que llevaban a que esto estuviera estancado desde hace tiempo”.

“Se hizo un trabajo muy fructífero, porque se hicieron tareas dentro del Consejo de Mayo donde se desarrollaron reuniones técnicas que permitieron el análisis con la participación de distintos actores sociales, de los cuestionamientos que se daban tanto de un lado y del otro, se analizaron las consideraciones que llevaban algunas características que hacían judicializable una relación que tenía que ser mucho más clara y accesible”, contó.

Así, manifestó que “se determinaron distintos estatutos en cuanto a que había temas de derechos individuales, colectivos, de cargas adicionales, de asociaciones sindicales, de determinados desarrollos que se producían en estos ámbitos, temas que había que solucionar de manera inmediata”.

“Nuestro pensamiento es que este proyecto de ley que se remite hoy es un proyecto que resulta extremadamente equilibrado, fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con el trabajo principal de pedido de la ministra Sandra Pettovello de que se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores y esto es lo que se hizo. Este proyecto de ley conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, precisó.

Así, sumó: “Se buscó una reducción significativa de los costos adicionales que llevan a una informalidad en el mundo del trabajo y hemos trabajado mucho para que esa informalidad vaya siendo de una manera dinámica trasladada a la formalidad, es decir, tenemos que lograr y lo que buscamos es que haya una transición de la informalidad a la formalidad. Esto lo piden los organismos internacionales y es lo que proponemos en el proyecto”.

Al cierre, consideró que “nos enfrentamos a un momento histórico en la Argentina que tiene un verdadero problema de empleo que tenemos el deber de solucionar. No podemos mirar para otro lado ni seguir teniendo solo diálogos que no lleven a resultados. Este gobierno busca que las soluciones lleguen al mundo laboral”.

“Lo que se busca con este proyecto es que haya elementos de confianza entre las partes. No es un trabajo aislado, es un trabajo técnico y desarrollado donde participaron diferentes ministerios y actores, para avanzar hacia un esquema que permitiera la presentación de un proyecto claro y conciso para que lleve a dar certeza a las relaciones laborales y a terminar con los equívocos que derivan a realizar reclamos judiciales y generaban incertidumbre y, en la práctica, que no haya trabajo en el país”, explayó.

“Estamos en un momento decisivo, este proyecto de ley es esencial para el país porque estamos en un punto donde la Argentina está despegando hacia una actividad económica que puede resultar formidable y necesita estos instrumentos claros para dar algo tan importante como el derecho al trabajo que las personas necesitan. Está pensado para las PyMES, para los jóvenes que quieren entrar al mundo laboral y para beneficio de todos. Eso va a permitir dar producción, trabajo y creación humana a toda la sociedad”, concluyó.

A continuación, fue el turno de Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, quien agregó que el país necesita “un proceso fuerte de inversiones que nos va a posibilitar generar empleo y crecer”. En ese sentido, destacó que “eso es fundamental para las PyMES, para devolver al sector productivo su competitividad y la posibilidad de normalizar la economía para que las empresas puedan producir de manera eficiente e insertarse en el mundo”.

Ramos aclaró que ese proceso “requiere de inversiones importantes para poder transitar los procesos de la transformación digital que está atravesando a la industria a nivel global, poder mejorar el parque de maquinarias”, por lo que destacó el trabajo que el Gobierno viene llevando a cabo como “el abaratamiento de los bienes de capital que permitirá la transformación tecnológica de las empresas, le eliminación de los derechos de exportación”.

“Esta ley viene a generar la posibilidad de que las empresas puedan abaratar el costo de capital de las inversiones”, resaltó y agregó: “El proyecto está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas hasta tramo 2 con determinados umbrales de inversión. Este régimen viene a poner en un pie de igualdad a las empresas PyMES respecto de los grandes proyectos de inversión”.

Ramos informó que se habla de “inversiones extraordinarias por encima de la media usual de cada empresa lo que permite asegurar que no estamos frente a medidas que generen costo fiscal, sino que se piensan en inversiones incrementales que van a generar ingresos para sostener el equilibrio fiscal”.

Como segundo punto del proyecto, indicó que establece la posibilidad de la amortización acelerada que depende de los distintos tipos de bienes con distintas características mientras que el tercer punto refiere a la devolución anticipada del IVA derivado de las inversiones.

“Todas estas herramientas contribuyen a hacer más fácil, para las empresas más pequeñas, la adopción de tecnológica, las inversiones para la ampliación de su capacidad productiva para exportar y comerciar con muchos países. Confiamos en que es una herramienta importante para apoyar el crecimiento de las PyMES. Esta ley va a contribuir a que puedan volver aquellas empresas con capacidades de generar empleo que es la principal demanda del país porque hace más de 10 años le cuesta generar trabajo en el sector privado”, concluyó.

En disconformidad con la composición de las comisiones, pero participando del debate, pidió la palabra el senador Mariano Recalde (FNyP) quien contradijo la explicación de Cordero: “Esta ley es todo lo contrario” porque el empleo “no está estancado, está en caída desde que Milei es presidente se perdieron 250.000 puestos de trabajo”, y ratificó: “El trabajo no está estancado, cerraron 22 mil empresas”.

Recalde sostuvo que “nunca” una ley laboral logró que se genere empleo y “menos una reforma que reduzca derechos y abarate el costo laboral”. Así, comparó que los años donde mayor generación de empleo hubo fueron períodos donde “no se tocaron las leyes laborales y se ampliaron derechos”. Basándose en datos de ARCA, Recalde ejemplificó que en el 2003 había 334.000 empresas inscriptas, en noviembre de 2015 pasó a 568.737 empresas inscriptas “más de 4 millones de puestos de trabajo”, pero a partir de ahí “empezó la reducción de la cantidad de empleo”.

“El empleo lo genera la actividad económica que está por el piso porque hay una recesión brutal en el país”, reclamó Recalde y advirtió que “los argumentos para sostener la flexibilización laboral son brutal.  Promueven la informalidad, alientan la evasión y el fraude laboral. Este proyecto de ley zanja todas las discusiones a favor del empleador, no hay equilibrio”.

Recalde enumeró una serie de artículos con mayor disconformidad como la eliminación del contrato laboral eventual por un “contrato a plazo fijo”, la provisión de alimentos en comercios cercanos “¿les van a dar un vale? ¿de qué monto?” preguntó; salarios dinámicos para que “el empleador quite aumentos salariales” y consultó “¿qué es el mérito del trabajador, cómo se determina?”; la quita de la participación de los trabajadores en los logros de la empresa; fraccionan las vacaciones; el banco de horas “es una porquería”; entre otras.

Cordero aclaró que “la ley va a aplicar a los nuevos trabajos… las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente. Hay algunos institutos que son de aplicación retroactiva y por eso hay juicios pendientes”.