Arturo Cuello, coordinador de Jóvenes por el Clima, calificó como un "mecanismo fraudulento" la reciente audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. Según el referente ambientalista, el proceso violó estándares constitucionales al impedir una participación efectiva de la ciudadanía en un tema de vital importancia. "No podemos hablar de audiencia pública cuando no se garantiza ni el 0,3% de los inscriptos", denunció ante la bajísima tasa de expositores reales. El descontento crece ante un cronograma que parece diseñado para evitar el debate profundo y la incidencia real del sector civil.
La preocupación central radica en la regresión normativa que propone el Ejecutivo nacional sobre los presupuestos mínimos de protección ambiental ya conquistados. Cuello explicó que la Constitución Nacional, tras la reforma del 94, prohíbe retroceder en los niveles de tutela una vez que han sido garantizados por ley. "Lo que se propone con esto es romper el piso básico uniforme de protección en materia ambiental", señaló respecto al intento de flexibilizar controles. Esta maniobra jurídica abriría la puerta a actividades extractivas en áreas hoy estrictamente protegidas por el Estado.
El nudo del conflicto técnico se encuentra en la redefinición de la zona periglaciar, el área crítica que rodea a los cuerpos de hielo y nutre las cuencas. El gobierno busca trasladar la competencia de estas zonas a las provincias, permitiendo que cada jurisdicción aplique criterios de "relevancia" subjetivos. "Están invirtiendo la carga protectoria: ahora hay que justificar por qué proteger cuando hoy la norma protege a todos por igual", advirtió Cuello. Esta modificación técnica no es azarosa, sino que busca facilitar la expansión de la megaminería en zonas de alta montaña.
La alerta ambiental se extiende a las cuencas hídricas que nacen en los glaciares y abastecen a múltiples provincias, como es el caso del río Salí-Dulce en Tucumán. Cualquier alteración o contaminación en la naciente tendrá efectos devastadores en Santiago del Estero y Córdoba, generando litigios federales sin precedentes. "Las consecuencias las van a ver las provincias que nos continúan las cuencas, rompiendo la lógica del federalismo de concertación", enfatizó el experto. La interdependencia del agua hace que el impacto no sea local, sino una crisis regional de largo alcance.
Desde Jóvenes por el Clima denuncian que se ha ignorado sistemáticamente la opinión de las máximas autoridades ambientales del país reunidas en el COFEMA. A pesar de que este organismo se expidió en contra de las modificaciones, el trámite legislativo avanzó sin el consentimiento de los ministros provinciales. "Decidieron pasar sin el consenso del COFEMA a tratar las sesiones acá, respondiendo a intereses que no son los de la sociedad", criticó Cuello. Esta maniobra profundiza la desconfianza sobre la transparencia del proceso y el respeto a las instituciones federales.
Con el dictamen en marcha, la responsabilidad final recae sobre los diputados nacionales, quienes deberán decidir entre la protección de recursos vitales o el interés extractivo. Cuello instó a los representantes de provincias como Córdoba y Santa Fe a dar vuelta su voto para evitar un desastre ecológico irreversible. "Es una incongruencia constante de tratar de ver a qué intereses responden mientras ignoran la crisis climática", concluyó el coordinador. La sociedad civil se mantiene en alerta ante una votación que definirá la seguridad hídrica de las próximas generaciones.