Marcelo "Pichón" Segura, el empleado público de 58 años que protagonizó el ataque, ha decidido mover sus fichas legales para evitar un juicio oral que podría complicar su situación. A través de su defensa, el imputado propuso formalmente celebrar un juicio abreviado, una salida alternativa que busca cerrar la causa reconociendo el hecho a cambio de una pena menor.

La oferta que llegó al escritorio del Ministerio Público Fiscal no es menor: tres años de prisión de ejecución condicional. Esto significa que, de aceptarse el acuerdo, Segura no volvería a una celda —actualmente cumple arresto domiciliario por razones de salud—, pero quedaría sujeto a estrictas reglas de conducta por el tiempo que dure la condena. La defensa sostiene que su cliente carece de antecedentes penales, ha pedido disculpas públicas y ha demostrado un comportamiento adecuado durante el proceso, argumentos con los que intentan convencer al juez Raúl Robín Márquez.

Reglas de conducta y una querella que desconfía

Dentro del pacto propuesto, Segura se compromete a cumplir cinco mandamientos judiciales: mantener un domicilio fijo, presentarse ante cada citación, abstenerse del consumo abusivo de alcohol y estupefacientes, no cometer nuevos delitos y, quizás lo más importante, la prohibición absoluta de acercarse o turbar a Federico Pelli. Para el abogado defensor, Ernesto Baaclini, la calificación de "lesiones graves agravadas por alevosía" permite esta vía legal, ya que la pena mínima arranca en los tres años, el límite exacto para que una condena sea condicional.

Sin embargo, el camino hacia este acuerdo no está despejado. La querella, representada por Juan Colombres Garmendia, ha manifestado un profundo descontento con el giro que tomó la Fiscalía de Homicidios de Concepción. Desde el entorno del diputado liberal aseguran que hubo un cambio de postura de 180 grados, cuestionando por qué no se avanzó en identificar al grupo de personas que acompañaba a Segura ese día ni se investigó el rol de los policías que estaban presentes y no evitaron la fractura nasal que llevó a Pelli al quirófano.

El caso ha trascendido lo policial para convertirse en un símbolo de la violencia política en Tucumán. Pelli, quien sufrió fracturas múltiples en los huesos de la nariz y ya pasó por una cirugía reconstructiva, aún tiene pendiente una posible segunda operación. Por eso, el planteo de que el agresor solucione el conflicto con una condena en suspenso cae como un balde de agua fría en el equipo de La Libertad Avanza, donde esperaban una sanción que funcione como un precedente más severo para este tipo de ataques a funcionarios.

Ahora, la pelota está en el campo de la Justicia. La querella tiene tres días para contestar la propuesta del juicio abreviado, mientras el fiscal Miguel Ángel Varela deberá decidir si avala el trato o si la gravedad institucional del hecho amerita llevar a "Pichón" Segura a un debate oral y público. En un clima de alta sensibilidad política, la resolución de este caso marcará el tono de cómo la provincia castiga las agresiones en el ámbito de la función pública y la militancia territorial.