El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, decidió rechazar de plano el pedido de detención que el fiscal Pedro Simón había lanzado contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. En un fallo de casi 40 páginas, el magistrado consideró que las acusaciones de lavado de activos y defraudación eran "genéricas y difusas", asegurando que no existían pruebas concretas para habilitar una investigación penal de semejante calibre contra las máximas autoridades del fútbol argentino.

Sin embargo, lo que convierte a este fallo en un escándalo administrativo es el timing. Apenas unas horas antes de que Argibay firmara el rechazo, la Cámara Federal de Tucumán lo había apartado oficialmente de la causa. El motivo de su remoción no fue menor: se descubrió que la hija del juez le había vendido un lote a un familiar directo de Toviggino, un vínculo que dinamitó cualquier apariencia de imparcialidad. A pesar de este "exilio" judicial, el juzgado asegura que no fue notificado a tiempo y el magistrado se dio el gusto de firmar su última y más polémica resolución antes de soltar el expediente.

Lavado, facturas truchas y el "exilio" del expediente a Campana

La denuncia del fiscal Simón no escatimaba en detalles escabrosos. Según su hipótesis, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, habría montado un esquema para desviar fondos de la entidad hacia empresas fantasma que emitían facturación cruzada. El fiscal sostiene que ese dinero espurio terminaba en manos de familiares que luego lo reinsertaban en el mercado mediante la compra de bienes, incluyendo terrenos vinculados, casualmente, a la familia del juez que debía investigarlos. Para Simón, la estructura criminal buscaba blanquear fondos provenientes de evasión tributaria y maniobras irregulares con el dólar.

Pero para el juez Argibay, todo esto no pasó de ser un relato sin sustento fáctico. En su resolución, criticó duramente al fiscal por no identificar con precisión los delitos precedentes y por presentar una reconstrucción económica "indeterminada". Con este argumento, no solo bloqueó las detenciones, sino que también se declaró incompetente y envió toda la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Con este movimiento, la causa sale del caluroso terreno santiagueño para sumarse a un cúmulo de expedientes que ya tramitan en la provincia de Buenos Aires contra la calle Viamonte.

La decisión de la Cámara Federal de Tucumán de validar el apartamiento del juez pone un manto de duda sobre la validez legal de este último fallo. Si se comprueba que la notificación llegó antes de la firma, la resolución que salvó a "Chiqui" Tapia de quedar tras las rejas podría caerse como un castillo de naipes. Por ahora, en los pasillos del juzgado santiagueño insisten en que "no sabían nada", mientras que en Tucumán el malestar es evidente ante lo que se percibe como una jugada desesperada para blindar a la dirigencia del fútbol antes de perder el control de la lapicera.

El caso promete escalar hasta la Corte Suprema, mientras el fiscal Simón mastica bronca y prepara su apelación. Para Tapia y Toviggino, el fallo de Argibay es un respiro de oxígeno en medio de una asfixia judicial que no para de crecer. Sin embargo, el hecho de que el expediente ahora viaje a Campana y que la sombra de un negocio inmobiliario familiar manche la primera instancia, deja al desnudo las profundas conexiones entre el poder deportivo y la justicia federal en el interior del país. La pelota, ahora, la tiene la Cámara tucumana para decidir si este último acto de Argibay tiene validez o es papel mojado.