La crisis del sector de discapacidad ha tomado dimensiones alarmantes ante la quita de financiamiento por parte del Gobierno Nacional. La Dra. Teresa Ivankov señaló que instituciones emblemáticas, como el Cotolengo Don Orione, enfrentan una situación terminal que compromete la vida de sus residentes. El cierre de hogares y centros de día no solo representa una pérdida de infraestructura, sino la ruptura total del tejido social que asiste a los tucumanos. Miles de pacientes se encuentran hoy frente a la incertidumbre de perder su lugar de contención debido a la falta de giros presupuestarios. Sin recursos frescos que garanticen la operatividad básica, las organizaciones locales quedan desprotegidas ante un escenario de deudas acumuladas y servicios que dejan de prestarse.
La situación es especialmente crítica para la primera infancia y los sectores más vulnerables de la sociedad que dependen exclusivamente de la asistencia estatal. Ivankov advirtió que el desmantelamiento de los programas de estimulación temprana deja a cientos de niños sin la posibilidad de desarrollar sus capacidades de forma adecuada. "Este recorte deja a la infancia en un abandono absoluto", sentenció la funcionaria al describir el panorama desolador que atraviesan los barrios tucumanos. Sin un financiamiento sostenido, el Estado incumple su deber de protección hacia los ciudadanos que más necesitan de su intervención. La brecha de desigualdad se profundiza cuando el acceso a la salud se convierte en un privilegio inaccesible para los hogares que viven bajo la línea de la pobreza extrema.
Los prestadores locales, incluyendo transportistas y profesionales de la salud, se encuentran en estado de asamblea permanente debido al atraso en los pagos del nomenclador. La desregulación de los valores arancelarios permite que las obras sociales y prepagas fijen montos que no cubren los costos operativos mínimos de las terapias. Esta asfixia económica provoca una renuncia masiva de especialistas que afecta directamente la calidad y la frecuencia de la atención médica en la provincia. Sin profesionales capacitados y remunerados justamente, el sistema de salud en discapacidad se encamina hacia un colapso. La migración de profesionales hacia otras áreas de la salud deja a los pacientes tucumanos sin los tratamientos que garantizan su autonomía y su inserción en la comunidad.
La experta remarcó que las decisiones administrativas actuales responden a una mirada que busca retroceder hacia un modelo médico de invalidez, ignorando el enfoque de derechos. Para la Dra. Ivankov, la falta de respuesta estatal ante las necesidades básicas de las personas con discapacidad constituye una clara violación a tratados internacionales. "Desfinanciar en discapacidad ya es un acto de crueldad", afirmó con dureza durante la entrevista al referirse a la desprotección de los más débiles. La crueldad del ajuste se manifiesta en la imposibilidad de las familias de costear medicamentos y traslados. "No se trata solamente de una cuestión contable, sino de un ataque directo a la dignidad humana de quienes requieren de un acompañamiento integral por parte del Estado", sostuvo.
El futuro del sector depende de una decisión política que respete la Ley de Emergencia y las normativas vigentes que el Ejecutivo Nacional hoy decide ignorar. La judicialización de los casos se presenta como la última barrera de defensa ante el avance de un modelo que prioriza el ahorro por sobre la salud de la gente. El tiempo se agota para una población que no tiene margen de espera y que exige soluciones concretas para su subsistencia. El compromiso social debe ser inmediato para evitar que el ajuste presupuestario se convierta en una condena de aislamiento y deterioro para las personas con discapacidad en Tucumán.
Teresa Ivankov, secretaria de Articulación de la Cámara de Familia de Tucumán, denunció un retroceso sistemático en las políticas públicas destinadas al sector. Alertó que el recorte presupuestario nacional afecta directamente a la primera infancia y pone en jaque la continuidad de hogares y centros de día en la provincia. La experta sostiene que el incumplimiento de las leyes vigentes empuja a miles de familias a un desamparo absoluto, vulnerando derechos humanos fundamentales bajo un nuevo modelo de exclusión.
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