El gobierno de Javier Milei avanza en el Congreso con un nuevo proyecto que busca reformar el sistema de pensiones por invalidez. La iniciativa, denominada "Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", plantea un rediseño integral de las pensiones no contributivas, con eje en el control estatal y la reducción del gasto público.

El texto fue impulsado por la Secretaría de Discapacidad y ya ingresó al Senado, en un contexto marcado por tensiones políticas tras el veto presidencial y la ratificación legislativa de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El proyecto oficial propone modificar de manera estructural el régimen vigente, bajo el argumento de que el padrón de beneficiarios creció de forma sostenida en las últimas dos décadas.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es garantizar la "sostenibilidad" del sistema, reforzando los controles y revisando tanto los criterios de acceso como las condiciones de permanencia en el beneficio.

Sin embargo, distintos sectores advierten que las medidas podrían implicar mayores restricciones para acceder o mantener las pensiones.

Cambios clave que introduce la nueva ley

1. Reempadronamiento obligatorio: todos los beneficiarios deberán reinscribirse en un plazo de 90 días (con posible prórroga de 30 días). Quienes no completen el trámite serán suspendidos automáticamente, sin instancia previa de revisión.

2. Auditorías masivas y control de datos: se implementará un sistema de fiscalización permanente mediante el cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS. Esto permitirá detectar inconsistencias en tiempo real.

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3. Fin de la compatibilidad con empleo formal: uno de los puntos más polémicos. La iniciativa establece que cualquier trabajo registrado implicará la baja automática de la pensión, eliminando la posibilidad de complementar ingresos.

4. Unificación de montos: se mantendrá el haber en el 70% de la jubilación mínima, pero se eliminarán adicionales por zona geográfica o grado de invalidez, lo que uniformará los pagos en todo el país.

5. Cambios en el financiamiento de prestaciones: el Ministerio de Salud de Argentina tendrá mayor discrecionalidad para definir aranceles y asignar recursos, dejando de lado la actualización automática por movilidad jubilatoria.

6. Nuevo criterio de calidad prestacional: se establecerá un piso mínimo de cobertura, pero sin garantizar valores homogéneos en todas las provincias, lo que habilita diferencias según cada jurisdicción.