Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) al cierre de 2025, el cuentapropismo ha crecido hasta alcanzar niveles similares a los de la crisis sanitaria. Lo que los expertos definen como una "estrategia de supervivencia" se consolida ante la caída del empleo privado formal, marcando un retorno a la precariedad que se creía superada tras el fin de las restricciones sanitarias.
El diagnóstico del deterioro es contundente: en el último año, el sector asalariado perdió más de 174.000 empleos estables. Esta caída del 1,8% en los puestos registrados fue compensada estadísticamente por un aumento de 105.000 nuevos cuentapropistas. En términos prácticos, el mercado está canjeando empleos con aguinaldo, vacaciones y aportes jubilatorios por ocupaciones de baja productividad, sin protección social y con ingresos que, en la mayoría de los casos, no logran cubrir la canasta básica.
Esta realidad golpea de manera desigual según la geografía del país. Mientras que provincias con un mercado interno más débil, como Formosa, encabezan el ranking de precarización con un 34% de cuentapropismo, los polos industriales como Tierra del Fuego resisten con los niveles más altos de asalarización. En el norte argentino, el panorama es crítico: ante la falta de grandes industrias, el delivery y la venta informal se han convertido en la única salida para miles de familias que quedan fuera del sistema.
Un punto que genera confusión en los análisis económicos es la contradicción entre los datos urbanos y los registros provinciales en zonas específicas. El ejemplo más claro es Neuquén, donde el auge de Vaca Muerta logra compensar la caída del empleo en los aglomerados urbanos. Sin embargo, este fenómeno es una excepción: fuera de los enclaves extractivos o energéticos, la regla general para el trabajador promedio es el retroceso hacia la informalidad y la pérdida de estabilidad económica.
El crecimiento del cuentapropismo no debe leerse como un auge del espíritu emprendedor, sino como un refugio forzado. El mercado laboral está "canjeando" calidad por cantidad; hoy hay gente trabajando, pero sin la seguridad de una obra social o un aporte para su futura jubilación. Este escenario plantea un desafío crítico para la sustentabilidad de la seguridad social a largo plazo, ya que cada vez son menos los trabajadores activos que aportan al sistema para sostener a los pasivos.
El aumento de repartidores de aplicaciones y vendedores ambulantes en el microcentro de San Miguel de Tucumán es la cara visible de una estadística que habla de un Estado y un sector privado que han dejado de generar "empleo de calidad". La estabilidad que brindaba un sueldo a fin de mes está siendo reemplazada por la incertidumbre de cuánto se podrá recaudar en el día a día.
Finalmente, el informe advierte que, de no mediar una reactivación real del sector privado que incentive la contratación en blanco, la Argentina corre el riesgo de consolidar un modelo laboral de dos velocidades. Por un lado, una minoría con empleos protegidos y, por el otro, una masa creciente de cuentapropistas que operan al margen de cualquier derecho social. La recuperación de los niveles de pandemia en materia de informalidad es un recordatorio brutal de cuánto terreno ha perdido el trabajador argentino en el último lustro.
