La tregua electoral se rompió definitivamente y la oposición universitaria salió a la caza de cualquier dirigente que intente estirar su permanencia en el poder. En las últimas horas, la Junta Electoral recibió dos presentaciones explosivas que apuntan contra la decana electa de la Facultad de Psicología, Silvia López de Martín, y el consejero estudiantil de Exactas, Pablo Almeda, bajo la misma acusación: intentar colarse en un tercer mandato consecutivo prohibido por el Estatuto.

La ofensiva más dura se concentra en la Facultad de Psicología, donde la fórmula opositora integrada por Nayle Murhell y Adrián Chirre presentó una "formal y enérgica oposición" para impedir la asunción de López de Martín y su vice, Paola Coronel, programada para hoy. Los denunciantes sostienen que la actual decana pretende perpetuarse en un esquema de re-reelección que viola flagrantemente las normas de la casa de altos estudios. El escrito es taxativo al señalar que el reciente fallo de la Cámara Federal en el "caso Pagani" ya fijó el estándar definitivo de legalidad y regularidad institucional sobre los límites a las candidaturas testimoniales.
La sombra de la nulidad y la pelea por los votos estudiantiles

La presentación de Murhell y Chirre va más allá de un simple freno administrativo; advierte sobre una "gravedad institucional" inminente si se concreta la toma de posesión de los cargos. La oposición afirma que, si López de Martín asume de manera irregular, todas las resoluciones futuras que firme la Facultad de Psicología podrían quedar expuestas a impugnaciones y perder total validez jurídica. Ante este panorama de potencial acefalía técnica, los denunciantes exigieron que la lista oficialista sea dada de baja de inmediato y se proclame ganadora a la opción opositora por ser la única que cumple con los requisitos vigentes.

Casi en paralelo, el frente de batalla se extendió hacia la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (FACET). Allí, la apoderada de la fórmula opositora alineada con Miguel Cabrera presentó una impugnación contra el consejero estudiantil Pablo Almeda. El planteo sostiene que el dirigente ya cumplió dos períodos consecutivos en el Consejo Directivo entre 2024 y 2026, por lo que su actual proclamación viola el artículo 46 del Estatuto, el cual estipula que los consejeros solo pueden ser reelectos por una sola vez consecutiva. La meta de máxima de esta jugada es bloquear la participación de Almeda en la próxima Asamblea Universitaria.
Una universidad al borde de la parálisis legal

Estas presentaciones demuestran que el fallo de la Cámara Federal no fue un hecho aislado, sino la llave que abrió una caja de Pandora de reclamos acumulados en todas las unidades académicas. La jurisprudencia impuesta por los camaristas Poviña, Sanjuan, Cossio y Moltini dejó sin argumentos a la Junta Electoral universitaria, que previamente había rechazado estas mismas impugnaciones con el viejo argumento de defender la autonomía interna. Ahora, cada decisión adoptada por un consejero o decano cuestionado arrastra el peligro de ser declarada nula, sumiendo a la UNT en una crisis de legitimidad a pocas horas de definir su futuro gobierno.