La crisis económica que atraviesan los sectores vulnerables y de clase media en la provincia alcanzó niveles alarmantes de ahogo financiero. Según alertó José García, referente de FODECUS, "prácticamente el tercio de la población de Tucumán está sobreendeudada" y sus ingresos se encuentran totalmente agotados. Esta espiral de compromisos impagos no solo destruye el presupuesto familiar, sino que "está impidiendo comer, comprar medicamentos e inclusive mandar los chicos a la escuela", transformando el endeudamiento en una emergencia social diaria.
El disparador principal de esta asfixia responde directamente al incremento desmedido en las prestaciones esenciales que deben afrontar los hogares de manera cotidiana. Las boletas de electricidad, gas y el costo del transporte público absorben una porción desproporcionada de los salarios, obligando a recurrir al crédito informal. En este sentido, desde la entidad destacaron que "más del 25% de ese sobreendeudamiento se debe al encarecimiento de los servicios públicos", una situación que empuja a los vecinos a acudir a prestamistas que luego ejercen fuertes presiones para cobrar.
Frente a la desesperación de quienes acuden a diario a la organización, la dirigencia de consumidores apela a priorizar la subsistencia básica por sobre el cumplimiento financiero de usura. García fue contundente al aconsejar a los damnificados: "No dejen de comer ni comprar medicamentos ni mandar sus hijos a la escuela por pagar la deuda", recordando que las entidades crediticias "saben bien que han sobreendeudado en forma ilegal y han hecho una timba de esto". Asimismo, instó a responder formalmente con notas escritas ante cualquier intento de acoso telefónico.
Ante el inminente riesgo de cortes masivos de suministro eléctrico por falta de pago, la organización exige medidas de contención estatales urgentes que congelen las interrupciones. En sus reclamos ante los organismos reguladores, FODECUS solicitó la implementación de "por lo menos 200.000 tarifas sociales" y la suspensión de suspensiones del servicio por un plazo mínimo de 90 días. Paralelamente, cuestionan la precisión de los nuevos medidores digitales instalados por la empresa distribuidora EDET, argumentando que violan la Ley de Defensa del Consumidor.
Para frenar los embargos y abrir instancias de negociación legal, la entidad convoca a los usuarios a formalizar las denuncias por facturación elevada y sumarse a las movilizaciones. García remarcó que "el reclamo es el arma fundamental que tenemos" para ganar tiempo mientras se buscan soluciones institucionales profundas. Las acciones de protesta incluyen la recolección de firmas en las puertas de la empresa energética y asesoramiento gratuito a través de líneas telefónicas, buscando articular un frente común contra el abuso bancario y tarifario en la provincia.
La Federación de Organizaciones en Defensa del Consumidor y los Usuarios (FODECUS) advierte que casi un tercio de la población provincial se encuentra en una situación crítica que le impide cubrir necesidades básicas. Apuntan a las tarifas de los servicios públicos, las financieras y los bancos por llevar a los hogares a un colapso económico extremo.
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