El abogado Milton Urrutia, que fue seminarista en los años en que Ilarraz estuvo al frente de ese instituto religioso reveló que ayer explotaron dos bombas caseras en el garaje de su casa. El abogado, que representa a varios ex seminaristas que reconocieron ante el juez de Instrucción de Paraná, Alejandro Grippo, haber sido abusados por el cura Justo José Ilarraz, responsabilizó del atentado a "un grupo organizado de cuasi terroristas".

Al llegar a los tribunales locales, Urrutia dijo que los dos artefactos que explotaron dentro de su garaje "estaban preparados con tornillos y pólvora".

El abogado explicó que en el lugar encontró una carta en la que le decían "que me deje de joder con la causa de los curas y que la próxima iba a ser un tiro en la vivienda".

El letrado ratificó que a causa del atentado, el tercero que recibe desde que lleva adelante la causa, se siente "desahuciado, agobiado y harto".

"Atento a las amenazas que vengo recibiendo, he resuelto no continuar con la causa Ilarraz. Me han agotado y no hay garantías", manifestó.

El ex abogado defensor reconoció a Télam que en los años en que estuvo internado en el seminario de Paraná, el lugar "era un campo de concentración".

"Nos pegaban con toallas mojadas y nos hacían trabajar como burros, era una locura como nos discriminaban y lo que nos hacían", dijo el abogado quebrado por el llanto, al recordar su paso por la institución religiosa, a la que asistían niños de 10 a 14 años.

"Las autoridades del seminario tenían que cuidarnos y amarnos porque nos estábamos preparando para ser sacerdotes, pero a muchos nos frustraron y tuvimos que abandonar la vocación", confesó.

Urrutia hizo un ferviente llamado para que el papa Francisco "no permita que Ilarraz siga ejerciendo como sacerdote y consagrando el vino en sangre y el pan en cuerpo de Cristo".

También se pronunció por el "cierre" del seminario local o que, en su defecto, tenga "un control estricto del Consejo Provincial del Menor (COPNAF), porque en él hay menores de edad". El vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, presbítero Alejandro Bovero, inició a pedido del Vaticano una investigación previa sobre las acusaciones que pesan contra el cura Ilarraz quien, hasta septiembre del año pasado, se desempeñaba como párroco en la localidad tucumana de Monteros.

Bovero, que es párroco de la Sagrada Familia de Santo Tomé y docente en el Seminario de Santa Fe y en la Universidad Católica de esa provincia, aclaró que la tarea que desarrolla "no es un juicio, sino una instrucción previa" y que la inició hace alrededor de un mes y medio.

En declaraciones periodísticas, Bovero explicó que su misión es "hacer la investigación previa y devolver todo lo instruido a la Santa Sede".

La Cámara del Crimen de Paraná rechazó el fallo de primera instancia del juez de Instrucción Alejandro Grippo, al considerar que los delitos que se le imputan al sacerdote están prescriptos, pero la Sala Primera de la Cámara del Crimen concedió el recurso de casación pedido por la fiscalía y anunció que convocará a una audiencia pública en la que se debatirá la apelación.