El gobierno emitió un comunicado para responder a los discursos y trascendidos mediáticos sobre la presunta reducción del presupuesto para el área de discapacidad y aclaró que, en lo que respecta a las partidas nacionales para las obras sociales que van dirigidas a los prestadores que atienden a personas con discapacidad, no existe ningún recorte presupuestario ni tampoco decisión de ajuste alguno por parte del gobierno nacional.

Del mismo modo, desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación remarcaron que “es de suma importancia hacer llegar la voz oficial, y por sobre todo la tranquilidad a todas las personas con discapacidad y a sus familiares, como así también a todos los prestadores de que no hay ni va a haber decisión política que vaya en detrimento de sus derechos”.

“La determinación del gobierno nacional ha sido siempre en favor de acompañar a las personas con discapacidad. Es por ello que, desde el 2019 a la fecha se aumentó en un 320% el valor de las prestaciones”, agregaron.

En lo que respecta al último período facturado (junio), y que se encuentra en proceso de pago, comunicaron que, del total de las Obras Sociales, 216 ya percibieron el 100%, 16 recibieron entre un 99% y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto (13) entre un 29% y un 0%.

En cuanto a los montos, subrayaron que mensualmente se destinan $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), a 93 mil beneficiarios con discapacidad, para el pago de dichas prestaciones.

Estas erogaciones son financiadas a través del Fondo Solidario que se nutre de los aportes y contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras (Ley 23.661), y que se encuentra fuera del presupuesto nacional, exento de ajustes o modificaciones y sujeto a la recaudación a cargo de la AFIP, protegido por ley.

Por otro lado, en relación a los períodos 2020, 2021 y 2022, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, como organismo de control, validó 60.000 facturas mensuales de 45.000 prestadores. Esto implica un total de 1.900.000 facturas, de las cuales solamente 3.000 fueron reclamadas por los prestadores, lo que equivale al 0,15% del total.

Por último, aclararon que este organismo solo regula a las Obras Sociales nacionales y prepagas. “Se encuentran excluidas de nuestra órbita las obras sociales provinciales, de los poderes judiciales y legislativos, como así también de las Fuerzas Armadas y Universidades Nacionales”, sentenciaron.