En la previa del paro de colectivos anunciado para este 6 de mayo por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y que el Gobierno busca desactivar, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que propone declarar al transporte público de pasajeros como un recurso esencial.
“Debemos poner fin a los abusos y extorsiones de ciertos sectores sindicales que, amparados en la fragilidad del sistema de transporte público, convierten a los ciudadanos en rehenes de sus intereses”, enfatizó el legislador.
Además, el bonaerense criticó que "desde hace años vemos como ciertos líderes sindicales han utilizado los paros y medidas de fuerza como instrumentos de presión para obtener beneficios personales y mantener su control sobre las estructuras sindicales”. “Esta situación se ha visto agravada por la opacidad y falta de transparencia en la gestión de los sindicatos, así como por la connivencia de ciertos sectores políticos que han permitido la perpetuación de estas prácticas corruptas", continuó.
Para Milman, "los paros y medidas de fuerza se han convertido en una herramienta de extorsión y chantaje, que además atentan contra el normal desarrollo del país y generan pérdidas importantes en PyMEs y grandes empresas".
Sobre su proyecto, el diputado sostuvo que "declarar al transporte público como un recurso esencial en los días de paro es un paso que permitirá garantizar la continuidad de los servicios básicos y permitirá que los trabajadores y la población en general puedan acceder a los lugares de trabajo, educación, salud y otros servicios fundamentales, sin quedar a merced de los caprichos e intereses de ciertos líderes sindicales”.
La iniciativa no es novedosa. Ya el año pasado el Gobierno buscó poner fin a los conflictos en el transporte aéreo estableciéndolo como servicio esencial, para de esa forma no tener que sentarse a negociar con los sindicatos. La medida se adoptó a través de 2 decretos del presidente Javier Milei y establecía que cualquier medida de fuerza impulsada por los sindicatos debe ser comunicada por lo menos 5 días antes de su ejecución, debiendo garantizar en todo momento una prestación del 50%. Es decir, los días de huelga, la mitad del total del personal debe trabajar.
Inmediatamente los gremios denunciaron la disposición del Gobierno ante la Justicia Laboral y solicitaron que los decretos sean declarados inconstitucionales. La causa recayó en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 42, a cargo del juez Ricardo Hierrezuelo, quien entendió que correspondía "suspender, como medida cautelar innovativa, los efectos de los Decretos 825/2024 y 831/2024, que declararon al transporte aéreo como servicio esencial, dado que el DNU 70/23, en el que se basó el gobierno nacional para el dictado de las normas impugnadas, fue declarado como inconstitucional por el fuero laboral, motivo por el cual conservan vigencia el art. 24 de la ley 25.877 y el Dec. reglamentario 272/06, no encontrándose la actividad aeronáutica civil aerocomercial entre los servicios esenciales enumerados".
Como parte del paquete de reformas que Milei y compañía pretendían aplicar en un sólo DNU, el 70/2023, también se encontraban serias restricciones al derecho a la huelga. Esa vez la estrategia fue declarar casi todas las actividades como servicios esenciales, desde el transporte público hasta la docencia. Para disimular tamaña barbaridad, decidieron además extender la definición de la categoría de actividades trascendentales. Para estas, fijaron una limitación a la huelga del 50 %, mientras que para los esenciales sería del 75 %. Como en el caso de los pilotos, la Justicia frenó el intento de reducir al absurdo el derecho de los trabajadores a realizar medidas de fuerza y declaró ese capítulo del DNU como inconstitucional.
Pero esos no fueron los únicos casos que se dieron desde que Milei es presidente. En agosto del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley impulsado por el PRO que fija una limitación a los paros de los docentes de todos los niveles y modalidades para garantizar el cumplimiento del total del ciclo lectivo. La idea es que cuando los educadores reclamen por mejores condiciones laborales y/o salariales, lo hagan dictando clases. La iniciativa aún no fue debatida en el Senado, por lo tanto, no se encuentra vigente.
Por el momento el artículo 24 de la Ley N° 25.877 del régimen laboral argentino continúa considerando como esenciales solamente a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Esta disposición se ajusta a la definición del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que determina que en los casos en los que podría prohibirse la huelga “el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.
Entre los ejemplos que menciona la OIT también se incluyen los servicios telefónicos, la policía y las fuerzas armadas, los bomberos, los servicios penitenciarios y el control del tráfico aéreo, pero no se menciona, en cambio, la enseñanza. El Gobierno de Alberto Fernández declaró además como esenciales a los servicios de internet y de telefonía celular, pero Milei lo derogó al inicio de su gestión para otorgarles la libertad de aumentar los precios sin pedir autorización del Estado.
