En medio de las duras derrotas que le aplicó gran parte de la oposición al Gobierno libertario el jueves pasado, en el recinto del Senado, la única decisión racional compartida por este sector y el oficialismo fue desactivar una confusa intención para debatir ese mismo día y, de forma secreta, sobre la causa YPF. Es decir, la demanda contra el Estado argentino y los más de $16.000 millones de dólares en juego tras las decisiones de la jueza de aquel país Loretta Preska.

Lo que no se deslizó es que el pedido que realizó la Unión Cívica Radical (UCR) habla de convocar “a la mayor brevedad posible” a “las autoridades pertinentes del Poder Ejecutivo Nacional, especialmente a representantes de la Procuración del Tesoro, del Ministerio de Economía y de la empresa YPF S.A., con el fin de que brinden un informe detallado sobre la situación y las acciones previstas”.

La posible sesión toma relevancia luego de la denuncia del Gobierno de filtraciones y venta de información de empleados del Estado a favor del fondo Burford, ya que los apuntados son funcionarios de la Procuración, es decir, los que serán citados.

Con la sesión de la semana pasada consumada e indicios de un clima con un poco menos presión que la de los últimos días -al menos, de la oposición contra la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel-, la Cámara alta deberá definir una fecha para un nuevo encuentro en el recinto, más allá de las ganas de varios legisladores de pasar debajo de la línea de flotación en las próximas horas para ingresar en el “receso invernal” que se suele autoinventar el Congreso y regresar con “energía”, luego de un merecidísimo descanso, en agosto.

¿Qué ocurrió el último jueves? La idea inicial siempre fue la de solicitar una sesión secreta para una futura jornada, como adelantó el jueves pasado Infobae. No obstante, el embrollo quedó plasmado al arranque del encuentro cuando el jefe del kirchnerista Frente de Todos, José Mayans (Formosa), solicitó “tratar el tema del rechazo al fallo judicial de la jueza de los Estados Unidos, porque es inconstitucional para nuestro país” y “para preservar a nuestra empresa de bandera”.

En realidad, se trataba de una declaración en contra de lo dictaminado por Preska, pero existían tres borradores de diferentes sectores que, pasadas las horas -como era de esperar-, no lograron unificarse. Fue la propia UCR que reclamó tratar primero el caso YPF.

De hecho, otro legislador de la misma bancada puso eso en duda y, por suerte, quedó para el final. Uno de ellos fue el radical porteño Martín Lousteau -su espacio, Evolución, viene de hacer un papel testimonial en las elecciones locales de la Ciudad- que, a pesar de todo, empujó un tratamiento completo del asunto ese mismo día para más tarde, ya que “va a haber cerrado el juzgado allá”, en referencia al de Preska.

“Es cierto que los juzgados estaban abiertos y convenía dejar YPF para el final. Pero nunca que lo hiciéramos ese mismo jueves. Menos mal no se llegó a esa locura”, reconoció durante el fin de semana a este medio un experimentado legislador dialoguista.

Y sentenció: “¿Por qué secreta? Simple. En un Senado totalmente descontrolado, imaginate a los legisladores ‘estrella’ o a los más problemáticos diciendo cualquier disparate mientras Preska lo mira en vivo por redes sociales. Demasiada exposición. Lo que no me queda claro es hasta dónde quieren hurgar algunos. Y desconfío”.

Después de las piñas que le aplicó la oposición a la Casa Rosada con las leyes sancionadas y aprobadas, Mayans señaló: “Correspondería tratar el tema de YPF, pero falta coordinar el texto, justamente para que no genere algún tipo de problemas porque, obviamente, está en los tribunales. Así que, le pido un cuarto intermedio”.

A los minutos, el pleno regresó y el titular de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), manifestó: “Teniendo en cuenta que hemos tomado un cuarto intermedio de 15 minutos y que hay varios proyectos en cuestión respecto a una sesión secreta para abordar un tema muy delicado, que amerita una verdadera intervención quirúrgica de este Senado, vamos a pedir un tiempo para tratarlo, para ponernos de acuerdo y aunar criterios a fin de hacerlo de forma concreta y como corresponde”.

“Por lo tanto, hay unanimidad para defender los derechos argentinos en este tema -o sea que hay un acuerdo total-, pero queremos tener un documento que sea muy muy específico y contundente. Por eso, vamos a solicitar el levantamiento de esta sesión para tratarlo en un momento oportuno, ni bien podamos terminar de definir ese documento”, agregó el senador.

El kirchnerismo avaló el movimiento a través de Oscar Parrilli, quien reflexionó: “Nuestro bloque va a adherir fundamentalmente porque priorizamos el interés de todos los argentinos, el interés de la patria, porque YPF no es una pequeña empresa, sino que, en algún momento, se la denominó ‘la joya de la abuela’. Para nosotros, YPF, más allá de las diferencias que podamos tener, debe ser un elemento que nos debe unir a todos los argentinos. Así que, independientemente de la postura que tengamos sobre la actual política petrolera, estamos de acuerdo con postergar esta sesión para tratar más adelante los proyectos que estaban a consideración”.

Lo que casi nadie parece contemplar, además de la fecha de la sesión secreta, es ir al recinto para, en vez de aportar en una situación delicada para la Argentina, convertir el convite en un cuestionario a diversos actores del Estado y de la propia YPF no para ayudar, sino para objetivos más difíciles de explicar.