El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria recibió este lunes a miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para trabajar en el rechazo al decreto que pone en jaque al Banco Nacional de Datos Genéticos. Para los senadores, el Gobierno busca paralizar el funcionamiento de la institución, pero los organismos de derechos humanos se oponen.
El trabajo de esta entidad, creada en 1987 y fortalecida por ley en el año 2009, permitió recuperar la identidad de 140 nietos. “El Gobierno habla de libertad, austeridad y ahorro, pero la verdad es otra: son cómplices de los genocidas, los torturadores y los apropiadores de bebés”, expresó el senador Wado de Pedro al concluir el encuentro. Sostuvo que se trata de una institución “reconocida en todo el mundo” y que es “un ejemplo del aporte de la ciencia al derecho a la identidad”.
En tanto, el presidente del interbloque UP, José Mayans, expresó su “preocupación por el alcance del DNU” y comprometió todos sus esfuerzos para “rechazar el decreto lo antes posible”.
Por su parte, Guillermo Pérez Roisinblit, nieto recuperado e integrante de la delegación, comentó que se solicitó a los senadores “el rechazo del decreto 351/25 que avasalla todo lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos” y explicó que el referido organismo es “la herramienta más importante que tienen el Estado argentino y las Abuelas a los efectos de buscar a los nietos que faltan. Es gente que tiene la identidad adulterada desde la última dictadura”.
Mientras, María Landaburu, miembro de la Comisión Directiva de Abuelas y quien todavía busca a su sobrina o sobrino nacido en cautiverio, comentó: “Nosotros queremos que el Banco Nacional de Datos Genéticos sea autónomo y recupere su autarquía, afectada por este decreto delegado”. De esa manera, explicó, se garantizará el correcto funcionamiento del organismo. “Sin Banco de Datos Genéticos, no hay nietos recuperados, y el derecho a la identidad nos asiste a todos”, completó.
En mayo pasado, el Gobierno modificó la estructura del organismo mediante el decreto 351 limitando su autonomía financiera y poniéndolo bajo la estructura de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esto no sólo implica un recorte de sus recursos económicos sino también la interferencia de los funcionarios políticos en el desarrollo de sus funciones.
Las modificaciones de ese decreto, emitido bajo las delegaciones otorgadas por la Ley Bases, fueron ratificadas por otro publicado en el día de hoy, en el cual modifican la estructura interna del organismo afectando su funcionamiento. Estas medidas se suman a la degradación y el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA, dispuestos también por decreto.
Estas acciones buscan desarticular la construcción de Memoria, Verdad y Justicia, consolidada a lo largo de casi 42 años de democracia como política de Estado. Más allá de los múltiples proyectos de declaración presentados en el Senado en rechazo de estas medidas, el decreto 351 ya fue rechazado en la Cámara de Diputados con 133 votos de diversos bloques parlamentarios, y aguarda su tratamiento en el Senado.
En la reunión participaron el presidente del interbloque UP, José Mayans; la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, el presidente del bloque Convicción Federal, Fernando Salino, y los senadores Wado de Pedro y Mariano Recalde, En representación de Abuelas de Plaza de Mayo, se hicieron presentes Guillermo Pérez Roisinblit y Paula Sansone -hijos de desaparecidos-, María Landaburu y Gladys Zalazar -tías de desaparecidos- y Carolina Villella, abogada del organismo.
