En el mismo proceso judicial, Olga Graciela Cudmani, ex titular de la Dirección de Construcciones Universitarias, fue condenada como coautora del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública UNT, a tres años y dos meses de prisión y a ala inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El Tribunal también condenó a Osvaldo Venturino, ex Director de Inversiones y Contrataciones, como coautor del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública UNT a 2 años de prisión en suspenso y a al inhabilitación perpetua para desempeñarse como funcionario público.

Los jueces decidieron absolver por el beneficio de la duda a Luis Fernando Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión.

Por otro lado, Juan Alberto Cerisola y Olga Cudmani deberán abonar la suma de 39 millones de pesos por los daños causados a la Universidad Nacional de Tucumán sobre los precios de obras.

En tanto, Venturino y Cudmani deberán pagar $717.000 en relación a la readecuación económica financiera de la obra 533. Todas las sumas deberán ser actualizadas a la fecha.

También se anunció que se mantendrá el embargo e inhibición general de bienes, de Cerisola, Cudmani, Venturino y Luis Sacca.

El ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, habló este martes antes de la sentencia frente al Tribunal Oral Federal en el tramo final del juicio por la causa YMAD.

En su exposición cuestionó duramente a la Fiscalía, dijo que se vulneró la presunción de inocencia y defendió su paso por la conducción de la casa de altos estudios.

Cerisola manifestó que nunca imaginó afrontar un proceso penal de estas características y consideró que las acusaciones en su contra “cambiaron de tono con los tiempos que corren”, pasando de figuras como administración infiel a hechos vinculados con corrupción.

“No he llegado a entender de qué manera se ha sostenido esa acusación”, señaló ante los jueces.

El ex rector advirtió que se sintió “seleccionado” para estar en el banquillo de los acusados, mientras otras autoridades universitarias de ese período nunca fueron citadas a declarar. “Tengo la convicción de haber sido elegido para esta persecución penal”, expresó.

En otro tramo de su alegato, vinculó el proceso con un riesgo institucional más amplio y alertó que acusaciones sin pruebas “llevan a un país a convertirse en democráticamente inviable”.

Aseguró que no hablaba por sí mismo sino “por los conciudadanos que necesitan instituciones justas y sostenibles” y cuestionó la analogía que el fiscal realizó la semana pasada al comparar la causa con los juicios por delitos de lesa humanidad.

Cerisola defendió su trayectoria universitaria y remarcó que su gestión al frente de la UNT dejó como saldo obras, programas educativos y la recuperación de bienes. Enumeró la construcción y refacción de más de 100.000 m² en distintas dependencias, la recuperación de Canal 10 y la creación de la editorial universitaria, entre otros hitos.

“Si me hubieran dicho lo que vendría con este proceso, tal vez habría dicho que no valía la pena ser rector. Pero mirando hacia atrás, siento la satisfacción de haber contribuido a la universidad y de recibir el saludo y el apoyo de alumnos y colegas”, señaló.

Finalmente, afirmó que mantiene la “plena tranquilidad de conciencia” y que confía en que será absuelto, aunque adelantó que en caso contrario apelará “hasta el último día de su vida” para revertir una eventual condena./elocho.tv

Los antecedentes

El caso se remonta a 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) y el abogado Oscar López denunciaron ante la Justicia Federal supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).

Por ley, la UNT debía destinar el 40% de las utilidades a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. Sin embargo, en diciembre de 2007 el directorio de YMAD declaró concluida esa obra y redujo el porcentaje al 20%, liberando la otra parte de los fondos.

En enero de 2008, Cerisola firmó el acta que oficializó la medida y abrió la puerta a un esquema especial de contrataciones que, según los investigadores, se apartó de la Ley de Obra Pública.

Con ese dinero, en vez de terminar lo que se conoce como “La ciudad universitaria de San Javier” se inició una serie de obras relevantes en las dependencias del gran San Miguel de Tucumán, incluida, por ejemplo, la remodelación total de la Casa Remis que alberga la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en calle 25 de Mayo al 400.

El juicio oral se centra en los fondos mineros transferidos, destinados por ley a financiar la Ciudad Universitaria de San Javier. Durante la gestión de Cerisola, resoluciones rectorales alteraron la orgánica de Construcciones Universitarias y habilitaron un régimen especial para administrar esas obras, por fuera de la Ley de Obras Públicas.

Con ese esquema se ejecutaron 13 proyectos. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que se montó un sistema discrecional y fraudulento, mientras que las defensas replicaron que todo se hizo con dictámenes jurídicos, controles internos y dentro de la autonomía universitaria.

El juicio se inició a fines de mayo del año pasado, y culminó hoy con la lectura del fallo.

Cerisola fue sentenciado por el delito de incumplimiento de deberes del funcionario público y coautor del delito de fraude a la Administración Pública. Si bien la fiscalía había solicitado que se le dicte prisión preventiva, los jueces decidieron que permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme.

Al respecto, todas las defensas adelantaron que apelarán el fallo, por lo que a la causa le quedan varios pasos procesales.

Posición del Ministerio Público

En el juicio intervinieron los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa. En su intervención, en el alegato del MPF, los fiscales realizaron su exposición centrándose en tres bloques de imputación:

La renuncia a fondos de YMAD: el artículo 18 inciso b) de la ley 14.771, sancionada en 1959, preveía la entrega del 40 por ciento de las utilidades de la empresa minera a la UNT para la construcción de la Ciudad Universitaria, según planos aprobados en ese momento, luego de lo cual y concluida la obra, pasaría a recibir la mitad (o sea, el 20 por ciento).

De acuerdo con la fiscalía, Cerisola, sin ningún plan de obras, fundamento técnico o profesional y sin la intervención del Consejo Superior, dio por finalizada la Ciudad Universitaria cuando quedó demostrado en juicio no sólo que no se había realizado ningún esfuerzo en ese sentido, sino que se había apartado de la normativa para destinar los fondos a la realización de forma discrecional de obras aisladas en distintas facultades.

La renuncia implicó, sólo hasta 2010, la pérdida para la UNT de acceder a fondos equivalentes a más de 64 mil millones de pesos actuales.

Contrataciones de obras con fondos de YMAD: La acusación dirigida contra Cerisola, Cudmani y Venturino se centró en la defraudación a la UNT y la violación de sus deberes funcionales en lo relativo a la tramitación, ejecución y control de, al menos, 13 obras que fueron analizadas en el debate oral.

Venturino fue acusado en relación a su actuación por una obra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Se indicó que en este contexto el entonces rector había alterado el organigrama histórico de la UNT para poner bajo su órbita directa (sin controles por oposición ni verticales) a la Dirección General de Construcciones Universitarias, a cargo de Cudmani, quien tenía a su vez a cargo la Dirección de Inversiones y Contrataciones, cuyo titular era Venturino.

Inversiones financieras irregulares: la fiscalía también alegó sobre la demostrada aplicación de un subsistema ilegal de colocación financiera de los fondos provenientes de YMAD, “caracterizado por su opacidad, falta de controles y de transparencia y sujeto a una total discrecionalidad”, por el que llegaron acusados Cerisola y Luis Fernando Sacca, por entonces subsecretario administrativo de la UNT.

De acuerdo a los representantes del MPF, los fondos millonarios se habían colocado en distintas instituciones bancarias, algunas de poca fiabilidad en la plaza e incluso en fideicomisos sin los controles exigidos por las normas nacionales, por plazos muy extensos y sin ningún tipo de proceso de selección. Ejemplo de ello son las inversiones de plazo fijo por un monto de 15 millones de pesos por 547 días en el Banco Servicios y Transacciones, o el plazo fijo realizado en el Banco Piano por un monto de 18 millones de pesos por un plazo de 455 días o los tres fideicomisos en la financiera Equity Trust por 67.213.000 pesos.