Nadie esperaba que el ministro de Salud, Mario Lugones, ni Alejandro Vilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, asistieran a la reunión informativa para abordar la situación del organismo, en el marco del conflicto desatado por las supuestas coimas en el área. Por eso, cerca de las 12.30 cuando arrancó la reunión, se tomó la postura de los funcionarios con naturalidad, pero también con decepción.

Además, al encuentro no asistió ningún integrante de La Libertad Avanza y sus aliados, entre ellos el Pro y la UCR -salvo una excepción-. Estuvieron sí Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

Ante la ausencia de los funcionarios, y la falta de explicaciones por parte del Poder Ejecutivo, los opositores coincidieron en intentar avanzar con las respectivas interpelaciones.

En el comienzo tomó la palabra el titular de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, quien recordó que habían convocado a los funcionarios para que aclararan el tema “y lamentablemente no hemos tenido respuestas. Tenemos la idea de que no van a venir, no es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y funcionarios de este Gobierno y no vienen”.

En esa línea, mencionó que así había sucedido con el anterior ministro, Mario Russo; el actual, Lugones y el presidente del PAMI, entre otros. "Lamentablemente no hemos conseguido. Nos pasa también con los pedidos de informes, que no se contestan, y nos pasa también en el Congreso con las interpelaciones”, observó el tucumano, que resaltó que uno de los objetivos de los legisladores es hacer leyes, pero también lo es controlar al Ejecutivo, incluso llegando al juicio político como última instancia, a la hora de usar las herramientas que tiene el Congreso.

Detalló Yedlin la existencia de siete proyectos presentados por los diputados Sergio Casas, Esteban Paulón, Andrea Freites, Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy y Christian Castillo, entre otros, en cuyos expedientes se piden informes, interpelaciones o la creación de una comisión para investigar las supuestas coimas en la ANDIS y compras directas de medicamentos.

El tema es que la mayoría de los proyectos tiene giro a comisiones que la oposición no maneja, como Asuntos Constitucionales, por lo que advirtió que “no nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión tengamos que emplazar a Asuntos Constitucionales por estos proyectos, sino no va a avanzar esto”.

El diputado de Unión por la Patria recordó que a las 14 estaba convocado otro plenario, en este caso para crear una comisión investigadora por el fentanilo adulterado. “Y la verdad es que en estas últimas semanas hemos estado permanentemente en una situación donde muy por el contrario, en lugar de discutir una nueva ley para fortalecer la ANMAT, o mejorar por ejemplo la cobertura de vacunación de nuestros niños y adultos mayores, estamos permanentemente discutiendo para responder a situaciones de crisis que este Gobierno genera”, lamentó.

“Está totalmente detonado el sistema de prestaciones”

A continuación, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, enumeró tres puntos que consideró clave para haber citado a los funcionarios ausentes.

En primer lugar, llamó la atención por el contraste que dijo se está viviendo “entre los audios que hemos escuchado y el funcionamiento del sistema de atención a las personas con discapacidad".

Puso como ejemplo al personal de los talleres protegidos, que perciben 28 mil pesos por mes. “Todo el debate que se ha hecho es para que empiecen a cobrar el 40% del salario mínimo, y en el marco de esto escuchamos audios que hablan de 500 mil, 800 mil pesos, de un lado y del otro”, comparó.

El legislador de UP se refirió a las acompañantes terapéuticas -habló en femenino, teniendo en cuenta que son mujeres la mayoría de quienes cumplen ese rol-, quienes están discutiendo hoy cómo pasan de cobrar 2.900 pesos la hora a cobrar 3.100… Ese es hoy el debate en el mundo del acompañamiento terapéutico, por 200 pesos.

“El personal que hoy empieza a trabajar, va a cobrar el año que viene, porque cobra a seis meses… Esa persona que está escuchando cifras de 500 mil, 800 mil, que esta persona se queda con esto o lo otro…”, insistió.

También puso el ejemplo del transportista, que cobra 541 pesos el litro de nafta, que a su vez sale 1.500, por lo que en vez de trasladar a las personas con discapacidad los cinco días, con mucha suerte los traslada dos. Y puso en el mismo lugar a los hogares y centros de días, que buscan financiarse con rifas o ferias americanas.

“Está totalmente detonado el sistema de prestaciones, con personas que no logran sostener su trabajo, y en el medio de esto se habla de cifras de 500 mil, 800 mil, 30 mil pesos”, volvió a comparar.

Segundo punto, continuó Arroyo, “tenemos audios que hablan también de las pensiones. En términos prácticos, las personas que han hecho 200 kilómetros, dos horas de cola, personas con ceguera de nacimiento que deben presentar otra vez sus estudios. En enero, un decreto creó las condiciones para acceder a la pensión; en mayo el decreto se anuló, y nadie sabe qué tiene que pedírsele a las personas con discapacidad. Se los hace trasladar desde tan lejos para ver si hay alguno que desiste”, interpretó, y si bien reconoció que “es evidente que había que hacer una auditoría, es evidente también que se hizo mal”.

Agregó que los pacientes “llegan y les dicen que tenían que venir el mes pasado”.

Contó también que hubo 110 mil bajas, de las cuales casi 90 mil son problemas de domicilios. Por algo muy básico: se tomó el domicilio original; si alguien tiene 15 años de pensionado, tiene ese domicilio. No se hizo cruzamiento de datos, y el 40% de los telegramas no llegaron a destino.

"Miren, si algo es fácil en este siglo XXI, es dar con las personas. Acá hubo 40% de pifie…”, señaló.

En tercer lugar, el opositor remarcó que las dos cuestiones expuestas son resueltas por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que “reordena el nomenclador, que organiza las prestaciones, que hace que funcione el sistema y manda a hacer una auditoría, pero la manda a hacer bien”.

Por último, Arroyo pidió a las autoridades no poner en “estado de desesperación al conjunto de las personas”, y advirtió que “la puesta en marcha de la ley no es opcional. Nos falta el Senado, va a rechazar el veto y se terminó: no es si uno quiere, si le parece… ni bien se rechace el veto en el Senado, automáticamente se tiene que poner en marcha la ley”./parlamentario.com