A partir de un trabajo de cuatro bloques opositores con las organizaciones que militan a favor de los derechos de la diversidad, los activismos lograron que en la sesión de este miércoles, que tenía como epicentro las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, se incluya el tratamiento del DNU 62, que limita seriamente la ley de Identidad de Género.
Tras la masiva Marcha Federal del Orgullo Antifacista y Antirracista, el 6 de febrero, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial los DNU 61 y 62/25. El decreto modificó el artículo 11 de la Ley N° 26.743, que expresa el derecho al libre desarrollo personal, y lo reemplaza por un texto donde se prohíbe los tratamientos de afirmación de género a personas menores de 18 años. “Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo”, dice uno de sus párrafos.
Antes del decreto de Milei, el artículo 11 establecía que para las personas menores de edad que quisieran hacer los tratamientos regían “los principios y requisitos establecidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento informado”. Es decir, debía realizarse “a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. Mientras, para las intervenciones debían “contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada jurisdicción”.
Para distintos abogados y constitucionalistas el decreto 62 de Milei “viola las reglas básicas del sistema jurídico” y “es nulo” ya que “no cumple con las exigencias previstas por la Constitución Argentina”. De hecho, son varios los tribunales a lo largo y ancho del país que lo declararon inconstitucional argumentando que las justificaciones esbozadas por el Poder Ejecutivo -las que calificaron de "escuetas"- no son suficientes para modificar una Ley de la Nación (como la de Identidad de Género) y que la emisión del decreto se hizo a sólo 22 días del regreso de la sesiones del Congreso, lo que exhibe que no había premura en modificar una legislación que ya lleva 13 años en el país.
En torno a este mismo asunto, el Juzgado Contencioso Administrativo y Triburario Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Elena Liberatori, dictó en marzo pasado una medida cautelar a pedido de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) contra el decreto 62/2025. La referida medida de la Justicia Porteña ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice integralmente, por intermedio de los efectores del sector público de la Salud (Hospitales, Centros de Salud Mental, CESACS, etc.), la continuidad de los tratamientos hormonales en ejecución.
En la sesión de este miércoles, varios bloques habían garantizado su voto para darle peso de ley a lo que la jurisprudencia viene marcando en varias causas sobre el mismo tema. Pero LLA se las arregló para levantar la sesión sin que este y varios otros temas sean abordados en el recinto. Sucede que en medio de las cuestiones de privilegio, el diputado libertario Manuel Quintar aprovechó que la sesión había quedado sin quorum y pidió votar una moción de orden para modificar el plan definido en labor parlamentaria, logrando que se cayera el debate. Como la moción de orden, según el reglamento, antecede a cualquier otro tema, el presidente de la Cámara, Martín Menem, llamó a votar la propuesta. Para ese momento quedaban poco más de 110 diputados sentados, motivo por el cual el oficialismo encontró la excusa perfecta para levantar el debate antes de seguir perdiendo votaciones.
