La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por las contrataciones de seguros durante su gestión. Con la firma de Martín Irurzun y Roberto Boico, el tribunal ratificó la situación del expresidente y de los demás imputados, entre ellos su exsecretaria privada María Cantero y el broker Héctor Martínez Sosa. También quedaron firmes los embargos y la prohibición de salida del país.

En el fallo, los camaristas consideraron que desde la Presidencia hubo intervención en el esquema investigado y que esa influencia se habría canalizado a través de la Secretaría Privada.

Si bien no se incorporaron nuevas pruebas ni ampliaron imputaciones, “revisaron la decisión del juez de primera instancia” y la dejaron tal como estaba.

Con esta decisión, Fernández queda técnicamente en condiciones de afrontar un eventual juicio oral, si la causa avanza en esa dirección.

Fuentes cercanas al expresidente adelantaron que difundirá un comunicado para fijar posición. Su defensa insiste en que las pólizas se contrataron bajo los procedimientos administrativos vigentes y sin direccionamientos.

La causa, aun en etapa de instrucción, seguirá con los procedimientos correspondientes de las defensas y se espera la definición del fiscal sobre una posible elevación a juicio.

El rol de Alberto Fernández

Sobre el ex mandatario, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”.

Para la Cámara hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba.” El tribunal también ratificó los procesamientos de exfuncionarios, productores de seguros y directivos de Nación Seguros, y ordenó avanzar sobre nuevas medidas para profundizar la pesquisa.

El rol del expresidente

Se consideró acreditado que Alberto Fernández fue un eslabón central del entramado delictivo con el “ejercicio de influencia” en su rol de Presidente de la Nación “a través de su secretaria María Cantero”.

Los jueces recordaron el mensaje del 24 de mayo de 2023, cuando Cantero alertó a su entonces jefe sobre la designación de otro broker en Cancillería: “Ya me ocupo”, respondió Fernández.

Cinco días después, la designación había sido revertida, lo que para los jueces demostró “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba” y descartó la explicación de la defensa vinculada a una “irregularidad administrativa”.

“Toda la prueba descripta hasta aquí apunta en otra dirección: la de su involucramiento en un interés particular en la negociación”, sostiene la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Para los camaristas fue el rol de Fernández como presidente de la Nación lo que favoreció el crecimiento de su entonces amigo y broker Martínez Sosa en la contratación de pólizas con organismos públicos.

“Porque si no fueron las acciones de Alberto Fernández las que facilitaron el exponencial aumento de los negocios de Héctor Martínez Sosa con el Estado, ¿quién, entonces, tenía el conflicto de interés?”, se preguntaron.

El fallo detalla que, desde la asunción de Fernández, Martínez Sosa percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales.

En la resolución se recuerda que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.” Un vínculo que permite “deducir razonablemente" la injerencia del ex Presidente “en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado”.