El Poder Ejecutivo remitió al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca consolidar un marco normativo estricto para evitar desequilibrios presupuestarios y prácticas que comprometan la estabilidad macroeconómica.

La propuesta establece que el Presupuesto General de la Administración Nacional deberá proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente la sanción de leyes que contemplen déficit. En caso de desvíos durante la ejecución, el jefe de Gabinete estará obligado a adoptar medidas correctivas, notificando al Congreso en un plazo de cinco días.

El proyecto también impone disciplina al Poder Legislativo: toda ley que implique gastos adicionales solo podrá aplicarse cuando las partidas estén incluidas en el presupuesto del ejercicio siguiente, salvo que la norma garantice financiamiento específico sin afectar el equilibrio fiscal. Además, se incorpora la obligación de presentar un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo para cualquier iniciativa que genere erogaciones o afecte recursos.

En materia monetaria, la ley prohíbe al Poder Ejecutivo solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gasto primario. El incumplimiento de estas disposiciones acarreará responsabilidades administrativas y penales: se crean nuevas figuras en el Código Penal que sancionan con prisión e inhabilitación a funcionarios que autoricen gastos sin respaldo o impulsen emisión irregular de moneda.

La iniciativa también modifica la Ley 24.156 de Administración Financiera, ampliando su alcance a todo el sector público y reforzando la obligación de consolidación presupuestaria. Las disposiciones tendrán carácter de orden público y regirán desde la próxima formulación del presupuesto nacional.

Con esta ley, el Gobierno busca enviar una señal de compromiso con la estabilidad fiscal y monetaria, en un contexto de alta volatilidad económica y negociaciones con organismos internacionales. Lamentablemente, no fija penas para funcionarios que endeuden irresponsablemente al país.