Este lunes por la mañana en el marco de una conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo, explicó el contexto de la intervención reciente y la complejidad operativa de la Caja Popular de Ahorros. “Quienes hoy están a cargo de la intervención asumieron hace dos meses. No hay duda de que la Caja es una de las instituciones en las que funcionan diferentes tipos de áreas”, dijo.

El titular del Poder Ejecutivo describió la diversidad de funciones que cumple el organismo y su carácter único dentro de la administración pública. “Es la única institución donde funciona una parte financiera, el juego de la provincia y los seguros de la provincia, tanto de los diferentes tipos de automóviles como los seguros de ART. Es una institución que tiene varias actividades dentro de la misma”, afirmó.

En ese marco, el Gobernador remarcó la necesidad de fortalecer la gestión con perfiles técnicos. “Quienes asumen necesitan tener la colaboración y el asesoramiento de profesionales idóneos en cada área. Los interventores asumieron para hacer las cosas bien y para hacerlo deben rodearse de gente que realmente conozca la materia y las diferentes unidades comerciales que tiene la Caja”, declaró.

Asimismo, Jaldo destacó la importancia de sostener una administración eficiente en la principal entidad financiera provincial. “No hay otra institución financiera que se mantenga en manos del Estado provincial. Ellos se han rodeado de gente de confianza que les permita llevar adelante una muy buena administración en la Caja Popular”, expresó.

Finalmente, Jaldo subrayó el impacto económico de las decisiones adoptadas en la intervención al exponer que "esto puede significar un gasto, pero lo que ya se ahorró en la Caja Popular de Ahorro en estos dos meses supera ampliamente el gasto generado con la incorporación de especialistas”.

Nombramientos millonarios

La contratación de 13 asesores de gabinete en la Caja Popular de Ahorros (CPA), con un costo anual estimado en $1.165 millones, despertó la crítica de la oposición política. Estas designaciones, realizadas sin concurso previo, incluyen a familiares directos del subinterventor Bustamante y otras como la esposa del juez Pedro Yane Mana, con salarios que en varios casos superan los $7 millones mensuales, sobrepasando incluso la remuneración del propio gobernador.

Además, se conoció a través de documentos que la nueva intervención mantiene estructuras del sistema anterior, como licencias por tratamiento prolongado para exfuncionarios investigados ─como la abogada Patricia Neme─ y contratos millonarios de auditoría sin licitación pública.