En los Tribunales Penales, este miércoles se llevó a cabo una audiencia de formalización de la investigación y formulación de cargos contra un médico (cuya identidad se preserva en esta instancia), en el marco de una causa por defraudación agravada en perjuicio de la administración pública.

La investigación, impulsada por el Ministerio Fiscal, se inició tras la denuncia de un afiliado que detectó irregularidades en su historial de consumo prestacional. Según la teoría del caso, el imputado habría accedido de manera ilegítima al sistema informático del IPSST para registrar y cobrar consultas médicas que jamás existieron.

El delito

De acuerdo a la acusación realizada por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, el profesional médico realizó estas maniobras en cuatro oportunidades durante el año 2024: los días 3 de febrero, 9 de marzo, 13 de abril y 11 de mayo.

En cada una de esas fechas, el imputado peticionó el cobro de consultas médicas a nombre de la víctima ante el Subsidio de Salud. Para concretar el fraude, el médico ingresó al sistema informático de la obra social provincial, cargó las prestaciones y logró que el IPSST efectuara el pago indebido de dichas consultas. Sin embargo, se constató que el afiliado no realizó atención alguna con el profesional, ni autorizó dichos registros.

Esta maniobra no sólo generó un perjuicio patrimonial a la administración pública, sino también un daño directo a la víctima. Al figurar las consultas como ya "realizadas" en el sistema, el paciente se vio impedido de utilizar la cobertura por la que ya había realizado aportes, viéndose obligado a abonar consultas de manera particular ante otros profesionales por la falta de cupo o disponibilidad en su cartilla por los consumos ficticios previos.

Calificación legal y medidas de coerción

El Ministerio Fiscal calificó legalmente el hecho como defraudación agravada por ser víctima la administración pública, en calidad de autor para el profesional interviniente. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que el imputado sea sometido a medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por un plazo de cuatro meses, con el fin de asegurar su sometimiento al proceso y evitar cualquier entorpecimiento en la recolección de pruebas informáticas.

Finalmente, tras escuchar a las partes, la jueza interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a lo requerido por el MPF, otorgando un plazo de tres meses de medidas de menor intensidad, período durante el cual el médico deberá cumplir con estrictas reglas de conducta mientras avanza la investigación penal preparatoria./MPF