En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza y sus aliados se alzaron con el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno que modifica el régimen de zona fría, sobre los subsidios al gas en distintas provincias, que se ampliaron por una ley votada en 2021, impulsada por Máximo Kirchner.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el 4 de mayo pasado y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para el próximo miércoles.

El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda se llevó a cabo este miércoles por casi tres horas. Al encuentro asistieron funcionarios del área energética, con Carmen Tettamanti, secretaria de Energía, a la cabeza.

Mientras transcurrían los intercambios entre diputados y los representantes del Ejecutivo, se pasó a la firma el dictamen, obteniendo el de mayoría 46 firmas en total, correspondientes a La Libertad Avanza, la UCR, el Pro, el MID, Innovación Federal (Salta + Misiones), Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) y Elijo Catamarca (Catamarca). El texto tuvo cambios menores respecto a la redacción original.

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo con 31 firmas. También fue con un despacho de minoría Provincias Unidas, con 4 firmas.

El proyecto apunta a reformar el régimen votado en 2021 (Ley 27.637), por el cual ingresaron a los beneficios partidos y departamentos de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

En ese momento, la ampliación de zona fría fue impulsada por Máximo Kirchner, motivo por el cual legisladores del camporismo salieron rápidamente a cuestionar la propuesta en redes sociales. Sin embargo, a los representantes de este sector del bloque peronista no se los escuchó durante el plenario de este miércoles.

La iniciativa redefine quiénes conservarán el beneficio. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna se mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

En tal sentido, el texto establece que los hogares de las zonas ampliadas solo recibirán una bonificación adicional por zona fría si están inscriptos en el SEF, que abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.

Otra modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa.

Al defender el proyecto, Tettamanti expresó: “Nosotros estamos cambiando los esquemas de subsidios. La filosofía detrás de esto es que creemos que los recursos económicos son escasos y hay que utilizarlos de manera eficiente y justa”. En tal sentido, dijo que los subsidios deben ir “exclusivamente a la gente que lo necesita”.

El actual subsidio por zona fría “subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país, con independencia de su poder adquisitivo. Esa es la primera injusticia”, enfatizó la funcionaria y señaló que “todos los contribuyentes están poniendo 500 mil millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres”.

“Hay una región del país que realmente es más fría, que es la Patagonia. En Ushuaia se consume siete veces más de lo que se consume en Buenos Aires”, apuntó y aclaró que “la gente de la zona fría tradicional va a tener el subsidio que históricamente tenía, sobre los metros cúbicos de gas que consume”.

En cuanto a la alícuota vigente del 7,5% sobre el precio del gas natural, Tettamanti aseguró que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas ya no alcanza para financiar el régimen. “No le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita. Pero en el resto del país estamos focalizando lo que se recauda con la alícuota del 7,5% en los usuarios que más lo necesitan. Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague”, agregó.

Por otra parte, el proyecto prevé la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En esta línea, se determina que el PEN instruirá, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) a aplicar créditos a la cancelación exclusiva de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con la compañía, en caso que dichas distribuidoras estén incluidas en acuerdos de pago suscriptos en el marco de regímenes de regularización de deudas establecidos por el Gobierno Nacional y sin perjuicio de otros conceptos, sujeto a la declinación por parte de las mismas de la totalidad de reclamos judiciales o administrativos.

“Durante los últimos 20 años hemos vivido de emergencia tarifaria en emergencia tarifaria. Durante todos esos periodos, las distribuidoras de energía eléctrica tuvieron las tarifas pesificadas y congeladas. Eso originó que las distribuidoras no tenían los recursos para pagar los costos de operación y mantenimiento, hacer inversiones y además pagarle la energía que le suministraba CAMMESA”, explicó la secretaria de Energía y manifestó que “se acumularon deudas millonarias”.

En cuanto a otro artículo de la iniciativa, que es el que prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045, la funcionaria expresó que “es muy importante mantener la estabilidad tributaria” y “hoy en día la energía renovable proporciona aproximadamente un 20% de la generación del país”. “Es muy importante que tengan seguridad jurídica de que no se las va a gravar con tasas municipales, provinciales ni otros impuestos nacionales”, añadió.

El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, recogió el guante con una chicana: “Escuchaba a la diputada hablar de las piletas climatizadas. No sé de dónde las sacan. Es tan irrisorio como hablar de las cascadas”. Y recordó que el proyecto tuvo 190 votos positivos en la Cámara de Diputados, y entre ellos lo votaron “Alejandro Cacace (actual secretario de Desregulación), Omar de Marchi, Sebastián García de Luca, Silvia Lospennato, Mario Negri, Humberto Orrego, actual gobernador de la provincia de San Juan. Petri, Luis Alfonso, ¿es de ustedes no? Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut”, enumeró.

A responderle salió la oficialista Silvana Giudici, quien resaltó que “era el contexto del atraso de las tarifas, de la inmovilización de las obras y de que todos los años, ya sea en las zonas frías o el resto del país, no teníamos gas ni electricidad”. A continuación, detalló que a partir de la ampliación “se incorporaron 3.431.000 personas al subsidio. ¿Se acuerdan? Como las moratorias del ‘plan platita’. Total después otros la van a pagar”.

“Se aumentó la tasa del 5% a 7,5% que todos los usuarios del país pagamos para subsidiar a aquellos sectores de las zonas ampliadas”, cuestionó y precisó que “el 45% del Fondo compuesto por el 7,5% se lo llevaron solamente el 20% de estos usuarios, que son los de mayores ingresos”.

Coautora de aquella ley, la massista Jimena López subrayó que “este Gobierno subió cinco veces en el 2025 el recargo que pagamos todos para financiar zona fría, no es que no lo han tocado. En abril se arrogaron una facultad de subirlo al 11,25% sin pasar por este Congreso, como han hecho un montón de cosas”. “Ahora recortan los beneficios, pero no bajan el recargo. El proyecto no dice dónde va a ir esa diferencia porcentual”, advirtió.