El Senado vuelve al recinto este miércoles, a las 11:30, para tratar el proyecto Ficha Limpia, luego varias semanas de operaciones cruzadas entre La Libertad Avanza y el PRO, y le pondrán fin a la nueva novela otoñal que eligió el cuerpo legislativo y el Gobierno para protagonizar.
Se mantuvo el temario acordado en la reunión de Labor Parlamentaria del pasado 22 de abril, que incluye los pliegos de los embajadores Alejandro Oxenford (Estados Unidos) y Wenceslao Bunge Saravia (España) y la designación de Emilio Viramonte Olmos en la Secretaría Administrativa.
Además, a la lista se añadió el proyecto que declara la emergencia para las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, iniciativa promovida por los tres representantes de la Provincia de Buenos Aires.
Para ser aprobada, Ficha Limpia requiere 37 votos positivos sin importar cuántas bancas estén presentes al momento de sufragar. Los números son muy finos. Los legisladores de Unión por la Patria son 34. Ese es el único bloque que se expresó totalmente en contra, mientras que los 38 restantes habrían asegurado estar para impulsar la iniciativa. Es decir, dos ausencias repentinas cambian por completo el panorama.
Por el momento, desde el Senado no parecen informar de que vaya a suceder algo por el estilo. Actualmente, la legislación argentina establece que solo las personas con condenas firmes pueden ser inhabilitadas para ejercer cargos públicos.
Según la Ley 23.298 de Partidos Políticos, no pueden ser candidatos aquellos excluidos del padrón electoral, lo que incluye a los condenados por delitos dolosos con penas privativas de libertad mientras dure la condena. Además, el Código Penal permite imponer inhabilitación absoluta en casos donde el delito se haya cometido aprovechando un cargo público, aunque esta medida también requiere una sentencia firme, es decir, que no existan recursos judiciales pendientes.
El proyecto de ley aprobado en Diputados introduce cambios significativos a esta normativa. Según detalló el medio, la propuesta oficial modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para incluir una nueva restricción: las personas condenadas por delitos contra la administración pública no podrán ser candidatas, incluso si la condena no es firme.
Bastará con que la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia, lo que en el ámbito de la Justicia federal corresponde a la Cámara Federal de Casación Penal.
