En una audiencia clave realizada este jueves 28 de mayo, la Justicia avanzó en la investigación de un presunto entramado para ocultar pruebas de un delito. Un hombre de 65 años fue imputado tras haber comprado una camioneta que se encuentra directamente vinculada a un hecho delictivo perpetrado en la ciudad de Simoca en enero de este año.
El caso penal se tramita en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, conducida por el fiscal Gerardo Salas. Durante la audiencia —cuyo fin fue controlar la detención, formular cargos y solicitar medidas cautelares—, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el auxiliar de fiscal César Larry, quien le atribuyó formalmente al sospechoso la presunta autoría del delito de encubrimiento agravado.
Una compra de $10 millones para burlar a la justicia
Según la teoría del caso expuesta por el MPF, el raid delictivo comenzó el pasado 5 de enero de 2026, fecha en la que una camioneta Ford Ecosport habría participado de un ilícito en Simoca.
Al día siguiente, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el acusado se habría puesto en contacto con los delincuentes. Con pleno conocimiento de que el rodado había sido utilizado apenas 24 horas antes por tres sujetos para cometer el delito, el hombre inició maniobras para "limpiar" el vehículo y sustraerlo de la investigación policial y judicial en curso.
Con el objetivo de colaborar para que los autores eludieran la acción de la justicia, el imputado concretó la compraventa de la camioneta por la suma de diez millones de pesos ($10.000.000).
Inmediatamente después de la millonaria transacción, trasladó el rodado hacia su domicilio en la ciudad de Banda del Río Salí, donde lo ocultó deliberadamente con el único fin de impedir su individualización y posterior secuestro por parte de las fuerzas de seguridad.
Cruces telefónicos y reglas de conducta
Entre las evidencias más contundentes presentadas por la Fiscalía para sustentar la acusación, se destacaron los informes periciales sobre cruces de comunicaciones telefónicas directas entre la línea del acusado y los principales sospechosos de la causa de robo.
Finalmente, el juez interviniente declaró la legalidad de la detención y dio por abierta la investigación formal. Al momento de resolver las medidas coercitivas, la Justicia hizo lugar al pedido del MPF e impuso contra el imputado una serie de medidas de menor intensidad (reglas de conducta) que deberá cumplir estrictamente mientras el proceso avanza hacia el juicio.
