En el marco de un fuerte proceso de fiscalización a nivel nacional, el PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país tras detectar graves irregularidades. Además, el organismo avanzó con nuevas denuncias penales por presuntos hechos de corrupción que salpican directamente a las provincias de Tucumán y Chaco, según informaron de manera oficial el Instituto y el Ministerio de Salud de la Nación.

Las drásticas medidas fueron impulsadas por la gestión de Esteban Leguízamo, luego de que una serie de auditorías encendiera las alarmas al descubrir cobros indebidos, facturación de prestaciones médicas inexistentes y establecimientos que ni siquiera cumplían con las condiciones edilicias y sanitarias mínimas exigidas por la ley.

El caso tucumano: turnos "exprés" y falta de habilitación

Uno de los focos principales de la investigación se encuentra en San Miguel de Tucumán y apunta al policonsultorio Sanarte S.R.L. Allí, los auditores detectaron un alarmante desorden administrativo y médico: el lugar no contaba con la habilitación municipal actualizada y los legajos de los profesionales que atendían a los jubilados estaban incompletos.

La atención al público también dejó en evidencia serias falencias. Se constataron demoras de hasta 21 días para conseguir un turno en especialidades críticas como cardiología, gastroenterología y traumatología. Lo más insólito del informe detalla que el establecimiento otorgaba turnos cada un minuto bajo la modalidad "por orden de llegada", un sistema considerado completamente incompatible con una práctica médica digna y adecuada.

La investigación judicial también detectó consultas y estudios médicos facturados sin ningún tipo de respaldo documental, historias clínicas sin la firma del profesional y prácticas médicas sin sus informes correspondientes, violando flagrantemente la Ley de Derechos del Paciente (N∘26.529).

Médicos fantasmas y la lupa en Chaco

En paralelo, el PAMI rescindió el contrato y denunció penalmente a un médico prestador de la UGL XIII de Chaco, identificado por sus iniciales como J.C. Las auditorías en la provincia vecina revelaron profundas inconsistencias y deficiencias en la documentación clínica obligatoria. Al considerar insuficientes los descargos del profesional, la obra social de los jubilados llevó el caso a la Justicia para determinar la existencia de delitos económicos.

Estos casos se suman a una serie de maniobras fraudulentas que el organismo viene rastreando desde finales de 2025, cuando se denunció una estafa multimillonaria con órdenes médicas electrónicas falsas. El nivel de impunidad detectado incluyó casos insólitos: un prestador que declaró haber realizado 283 prácticas médicas en apenas cinco horas y otro que registró 689 órdenes en una sola jornada laboral.

Control y garantía para los afiliados

Frente a este escenario de descontrol, el PAMI implementó un nuevo sistema de monitoreo permanente, auditorías continuas y penalizaciones automáticas ante cualquier desvío.

A pesar de la masiva baja de prestadores, las autoridades del Instituto llevaron tranquilidad a los beneficiarios y aclararon que no se afectará la continuidad de los tratamientos, ya que la atención médica será reasignada y garantizada a través de la red prestacional disponible en el resto del país.