Tras una audiencia multipropósito clave, la Justicia penal dispuso la prisión preventiva por el término de 30 días para Luciano Nieva. El sujeto se encuentra imputado por el delito de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja, Micaela Calderón, tras acreditarse un alarmante y sostenido contexto de violencia de género.

Durante el acto procesal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) —representado por el auxiliar fiscal Fernando Sale— expuso la gravedad del caso y detalló que el acusado llevó a cabo un raid de 25 hechos delictivos independientes. Entre ellos, se registraron amenazas directas de muerte tanto a Calderón como a su entorno cercano, incluyendo expresiones explícitas que ponían en severo riesgo la integridad física y sexual de la víctima. Al momento de ejercer su derecho de defensa, Nieva decidió guardar silencio y optó por no declarar.

"Llegué a pensar si debía permitir que me pegara para que la justicia interviniera"

Uno de los momentos más tensos y conmovedores de la audiencia se vivió cuando la víctima tomó la palabra. Visiblemente afectada por el quiebre emocional, Micaela relató que llevaba años soportando el hostigamiento sistemático del imputado y confesó que inicialmente no había acudido a las autoridades por sentimientos de miedo, desamparo y vergüenza.

Sin embargo, la escalada de violencia llegó a un punto límite cuando recibió amenazas explícitas de muerte, lo que la impulsó a radicar las denuncias correspondientes.

“Llegué a pensar si debía permitir agresiones físicas para que la justicia interviniera”, manifestó Calderón ante el tribunal, expresando su profundo temor por lo que pueda ocurrir con su seguridad y cuestionando cuáles serán las medidas definitivas del Estado para proteger su vida.

Resolución del tribunal y lugar de alojamiento

Al momento de resolver las medidas de coerción, el juez interviniente, Dr. Rodrigo Martearena, dio por acreditados los riesgos procesales y resolvió dictar la prisión preventiva para Nieva por el plazo de 30 días, a los fines de cautelar el proceso y proteger a la denunciante, a pesar de que el MPF había solicitado inicialmente una medida por seis meses.

Asimismo, el magistrado ordenó que, de acuerdo a los cupos y la disponibilidad del sistema carcelario de la provincia, el imputado sea inmediatamente alojado en el Complejo Penitenciario N° 3 o bien en el nuevo penal de Benjamín Paz.

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